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Sucesor de Pablo Celi, duda para el Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea

Pablo Celi renunció a la Contraloría a través de una carta remitida desde la cárcel 4 al Cpccs. Foto: archivo / EL COMERCIO

El ingeniero Carlos Riofrío lleva actuando 12 días como subcontralor, pero hasta ahora su designación no está clara ni para el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) ni para la Asamblea.

Se trata de un funcionario con más de 25 años de carrera en el organismo de control. Según la Ley, el subcontralor puede reemplazar al titular, y es nombrado por el Contralor. Valentina Zárate, de esa forma, se encargó durante dos meses del ente, mientras Celi estaba en la Cárcel 4. Sin embargo, cuando ella renunció se informó que Riofrío fue nombrado subcontralor, por lo que podría encargarse de la entidad.

La bancada del oficialista Creo hizo seis solicitudes de información a la Contraloría para poder verificar cómo fue el proceso de nombramiento de Riofrío como contralor subrogante, según su coordinador Juan Fernando Flores. Este Diario solicitó una entrevista con Riofrío, pero no se pudo concretar hasta el cierre.

“Por la información que nos han dado, hay varios elementos que a nosotros nos han generado suspicacia. ¿Quién fue el que nombró? Esa es la gran duda que nosotros tenemos (…). Hoy la gran pregunta es: existe o no acefalía en la Contraloría”, expresó Flores.

El vicepresidente del Cpccs, David Rosero, añadió que tampoco ha recibido una respuesta hasta ahora sobre la designación de Riofrío como Contralor. Este organismo debe reunirse para aceptar la renuncia de Celi y notificar esta decisión al resto de funciones.

“Hemos solicitado la acción de personal donde se certifique con firma y rúbrica este nombramiento que ha salido a la luz pública. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo Rosero en un diálogo con radio Visión.

Celi, en su carta de renuncia, aduce que en uso de las atribuciones que tenía abrió el camino administrativo para que Valentina Zárate y, posteriormente Carlos Riofrío puedan asumir la conducción institucional. Eso, después de que fue detenido el 13 de abril pasado.

Francisco Jiménez (Creo) consideró que la solución no solamente pasa por interpretar el artículo 33 de la Ley de la Contraloría para designar a un encargado de la Contraloría, como sugirió el Cpccs a la Asamblea, sino de suplir otros vacíos que existen en la norma sobre el cese de funciones o la figura de la ausencia temporal.

“Estamos claros que hoy la salida es política, porque tiene que intervenir la Asamblea; jurídica, porque hay que interpretar y, además, suplir algunos vacíos que se encuentran en la Ley Orgánica de la Contraloría y en la Ley de participación Ciudadana; y también institucional porque involucra el rol que debe desempeñar el Consejo de Participación”, expresó Jiménez.

El socialcristiano Luis Almeida tachó de ilegal a la designación de Riofrío, por lo que llamó al Consejo de Participación Ciudadana a que designe a un contralor encargado mientras escoge a la nueva autoridad mediante un concurso de méritos y oposición.

“Las instituciones del Estado tienen un orgánico interno, así que habrá que aplicar el orgánico interno de la Contraloría, eso es lo más rápido, lo prudente (…). El nombramiento del señor Riofrío hecho por el señor Celi, que no estaba actuando en funciones, no tiene validez”, apuntó César Rohón (ex PSC).

Almeida acotó que “la Corte Constitucional debería abrir el camino para solucionar el problema o la misma función del Consejo de Participación nombrar a un encargado mientras hace un concurso”.

En cambio, la coordinadora del correísmo, Paola Cabezas, y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), expresaron su desacuerdo con que se plantee una salida política a esta situación.

Andrade sostuvo que el camino correcto es una ley interpretativa al artículo 33 de la Ley de la Contraloría, que se apruebe en un plazo máximo de 60 días. “No hay una normativa que suspenda la actuación de un contralor por el hecho de estar enjuiciado”, anotó.

Cabezas enfatizó que no está de acuerdo con esta alternativa y concordó con Rohón en que deben seguirse los mecanismos de sucesión interna por la vía administrativa de la propia Contraloría.

Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, puntualizó que “todo acto que emana de una autoridad pública legalmente designada es considerada como legal. Solamente un juez competente puede declarar la ilegalidad”, insistió.

Cronología

8 de mayo del 2019. El Cpccs-T ratificó a Pablo Celi como contralor subrogante hasta marzo del 2022, cuando debía concluir la gestión de Carlos Pólit, quien salió del país.

13 de abril de 2021. La Fiscalía informó sobre la detención de Pablo Celi, como parte de una investigación por supuesta delincuencia organizada, en el llamado caso Las Torres.

21 de junio del 2021. Valentina Zárate presentó su renuncia al cargo de subcontralora. Ella asumió la dirección del organismo, pero como no fue ratificada, decidió salir de la institución.

25 de junio del 2021. El director de Gestión Institucional suscribió la designación de Carlos Riofrío, fue designado como subcontralor para que subrogue las funciones de Celi.

5 de julio de 2021. Pablo Celi renunció a la Contraloría, a través de una carta remitida desde la cárcel 4 al Cpccs. Pidió comparecer presencialmente al juicio político en la Asamblea.

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