Comisión de Fiscalización arranca fase de pruebas para juicio político a Pablo Celi

La Comisión de Fiscalización calificó de manera unánime el juicio político al contralor del Estado, Pablo Celi. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Fiscalización AN

El plazo de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el pedido de juicio político en contra del contralor subrogante, Pablo Celi, empezaron a correr este miércoles 30 de junio de 2021 en la Asamblea.

Así lo resolvió la Comisión de Fiscalización, después de calificar por unanimidad la solicitud que fue presentada por el asambleísta Cristóbal Lloret (Unes), quien acusa a Celi de arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas e interferencia en el proceso electoral, entre otras.

El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (Ind.), anunció que para este proceso se pedirá la comparecencia de Celi, de Carlos Pólit, quien le antecedió en el cargo, de auditores de la Contraloría, autoridades de control y exfiscales del Estado. Además, señaló que se alistan decenas de pedidos de información.

Señaló que tanto Celi como el interpelante serán notificados hoy mismo sobre el proceso, y que hasta el viernes se prevé definir una agenda para las comparecencias.

Villavicencio señaló que no habrá marcha atrás, pese a que mañana el Pleno debatirá un informe de la Comisión que recomendó el archivo del pedido de interpelación contra el exministro René Ortiz debido a que precluyeron los plazos.

"La Comisión ha decidido el inicio del juicio político en contra de Pablo Celi. Si mañana el Pleno resuelve que el juicio político en contra de René Ortiz tiene que volver a la Comisión pues vuelve a la cola", dijo.

La postura fue respaldada en rueda de prensa por los asambleístas Bruno Segovia, de Pachakutik, y Marco Troya, del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN)

Celi está detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada, lo que ha sumido a la Contraloría en una crisis.

Durante una comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, sugirió a los asambleístas "una salida política" a esta situación.

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