La Contraloría General del Estado canceló 583 expedientes

La Comisión de Fiscalización sesionó el martes pasado para aprobar el cronograma de comparecencias en caso Celi. Foto: Cortesía

El proceso de juicio político que enfrenta el excontralor General del Estado, Pablo Celi, es clave para transparentar algunas tareas que tiene el organismo de control.

La Contraloría remitió información a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en la cual señala que entre 2017 y mayo de 2021, unas 583 órdenes de trabajo fueron canceladas por la entidad.

¿Los motivos? La supresión de las unidades de auditoría interna de la institución, la falta de entrega de información por parte de los auditados e incluso la falta de recursos para movilizarse (viáticos), respondió el 9 de junio pasado la entonces contralora subrogante, Valentina Zárate, en un oficio a la Comisión legislativa.

Las órdenes fueron canceladas a más de 347 entidades como los gobiernos locales (municipios, prefecturas), universidades, o el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este lapso, Celi encabezó el organismo de control a los fondos públicos.

Entre esas también consta una acción de control a Petroecuador por estudios y diseños en la construcción de la planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto; al ciclo presupuestario y las reformas presupuestarias realizadas en la empresa Yachay.

También consta una contra la firma fiscalizadora del proyecto de la Refinería del Pacífico, sobre los procesos de contratación y gastos efectuados para arrendamiento de bienes inmuebles, uso y mantenimiento a escala nacional de la Corte Constitucional (CC).

Un cambio en el sistema informático, además, provocó que la Contraloría tenga inconvenientes para remitir datos correspondientes al período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016.

Otro hecho que llama la atención a la Comisión es el desvanecimiento de 4 170 glosas, que suman en total USD 844,8 millones, que debían aplicarse a Petroecuador, Arcotel, Hidropastaza, IESS, Hidropastaza, entre otras.

El presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), sostiene que “el juicio político va a dejar en claro cómo funciona este mecanismo. A la Comisión no le interesa quedarse en el espacio de Pablo Celi, sino que el país conozca la magnitud de la crisis”, expresó.

El miércoles pasado se aprobó un cronograma de comparecencias y se prevé que Celi, quien permanece detenido desde hace tres meses por supuesta delincuencia organizada, acuda el 22 de julio.

Tampoco está claro cuántas de las 18 372 resoluciones de responsabilidades civiles (glosas), en el período comprendido entre 2007 y el 31 de mayo pasado se llegaron a ejecutar.

El excontralor Marcelo Merlo explicó que el cuello de botella para las sanciones está en el Tribunal Contencioso Administrativo, en donde suelen terminar estos trámites.

“Ese Tribunal es regional y no funciona en todas las provincias. Son cuatro a nivel nacional, entonces están ahogados en instancias, eso también hay que fortalecer”, señaló.

El año pasado, por ejemplo, la Contraloría sancionó con destitución al asambleísta del correísmo Hermuy Calle por supuesto uso de instalaciones de una universidad de Chimborazo con fines proselitistas y este presentó una acción en el Tribunal de lo Contencioso.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización cuestiona que en 2018 Celi emitiera una resolución que dio paso a que se puedan revisar las glosas confirmadas.

“Es posible que se hayan ejecutado glosas pequeñitas, de USD 1 000 para funcionarios de bajo nivel, pero ninguna glosa se ha ejecutado para los de cuello blanco, ninguna corporación ha sido sancionada”, expresó Villavicencio.

En relación a los 3 205 Informes con indicios de Responsabilidad Penal (IRP) que la Contraloría emitió entre enero de 2007 y mayo de 2017, la Fiscalía corroboró a este Diario que cuenta con información sistematizada sobre 2 777, pero a partir del año 2011. Es decir, no se conoce el paradero de 428.

Peculado, falsificación, uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias son los delitos que se indagan.

Según Villavicencio, uno de los IRP que desapareció era contra los miembros de la Comisión del 30-S, aunque sí habría llegado al despacho del exfiscal Galo Chiriboga.

La Fiscalía dice que a Contraloría le corresponde hacer el seguimiento.

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