Una nueva polémica se instaló en el caso de la Contraloría General del Estado, referente al costo del concurso de méritos y oposición para designar al titular de ese ente.
El viernes anterior, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Sofía Almeida, y el consejero, Juan Javier Dávalos, aseguraron que el proceso de designación demoraría unos seis meses y que requerirá aproximadamente USD 400 000.
¿Cuánto cuesta designar autoridades en Ecuador? Días atrás, el Cpccs ya inició otro concurso de méritos, con el que se designará al Defensor Público. Actualmente, Ángel Torres Machuca ejerce el puesto, a manera de encargo.
Para ese proceso, el Ministerio de Finanzas aprobó un presupuesto de USD 195 647. Es decir, casi la mitad de lo que se asigna para el de Contralor.
Sin embargo, desde el Cpccs se aclaró que se solicitará un alcance, pues en el monto aprobado no se consideraron rubros de publicidad, equipos informáticos, arrendamiento de espacios, entre otros. Entre el 2011 y el 2012, se utilizaron USD 330 000 para el concurso del Defensor Público.
El Pleno del actual Cpccs compareció ayer ante la Comisión de Participación de la Asamblea, para informar cómo se ha avanzado en el proceso de designación de Contralor, luego de que Pablo Celi renunciara al cargo el lunes.
Según Sofía Almeida, en estos días se cumplió la primera fase, que consiste en difundir el reglamento para tener observaciones ciudadanas, con el objetivo de “dar legitimidad” al nombramiento.
El vicepresidente David Rosero dijo que la próxima semana se aprobará dicha norma, para que se pueda solicitar el presupuesto al Gobierno y realizar la convocatoria oficial.
La preocupación de Almeida y Rosero radica en quién estará a cargo de la Contraloría, mientras el Cpccs realiza el concurso de designación.
Consideran que la designación de Carlos Riofrío como subcontralor tendría vicios de nulidad. Por eso insisten en que la Asamblea emita una ley interpretativa de la Ley de la Contraloría, para definir si se podría nombrar a un encargado hasta que concluya el concurso para el contralor.
La consejera Ibeth Estupiñán también considera que la Contraloría está en acefalía, pero cree que “con voluntad política” se podría aprobar la ley interpretativa “en 30 días”.
Pero dentro del Cpccs hay criterios distintos. El consejero Hernán Ulloa cree que ese trámite legislativo podría tomar demasiado tiempo. Por ello, propone que se realice una revisión de las credenciales profesionales de Carlos Riofrío, quien lleva actuando como subcontralor desde hace 13 días, pero su designación no es del todo clara.
“Pienso que estaría bien que permanezca en este encargo hasta que se logre designar a la autoridad definitiva”, dijo.
El consejero y exvicepresidente del Cpccs, Francisco Bravo, cuestionó el presupuesto que se baraja para nombrar Contralor. Considera que los gastos para ese concurso deberían ser similares a los que se solicitó a Finanzas para designar al Defensor Público.
En esa línea, Bravo presentó un desglose de USD 125 000, que podrían destinarse al pago de honorarios (dietas) a los comisionados ciudadanos y académicos encargados de elaborar los bancos de preguntas. Mientras que otros USD 64 000 servirían para la logística, que comprende publicaciones de las convocatorias en medios, espacios para aplicar las pruebas prácticas, equipos informáticos, entre otros gastos.
En el 2017, para designar al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo de la justicia, el Cpccs de ese entonces destinó aproximadamente USD 500 000 para el concurso de méritos y oposición.
Ahí se gastaron, por ejemplo, USD 64 000 en pagos de honorarios, USD 57 000 en logística y USD 138 000 en publicidad.
El consejero Juan Javier Dávalos insistió en que para avanzar con el concurso de la Contraloría se requiere que el Gobierno destine los recursos.
Sin embargo, desde el Cpccs se anunció que aún se ultima el monto final que se requerirá.
Dávalos mencionó que, en el caso del concurso de Defensor Público, se solicitó “durante más de un año y medio el presupuesto al Gobierno anterior”, pero no fue aprobado.
Además de ese proceso, el Cpccs también debe designar en este año a nueve delegados ante la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y al Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo Fronterizo.