Reforma incluyó a nuevos actores para control contra lavado de activos

La sala de sesiones de la Asamblea que se apresta a una nueva vacancia. Foto: Asamblea

A 18 aumentará el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe). Esto, una vez que la Asamblea aprobó la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

Para la Asamblea, este proyecto se orienta a incrementar los controles de la Uafe, sobre sectores que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y el lavado de activos en el país.

Con la reforma se incorporan nuevos actores al control de la UAFE, entre ellos, los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional; las cúpulas de la Policía y Fuerzas Armadas.

Igualmente, los operadores de justicia; movimientos y partidos políticos; asambleístas; gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos públicos y privados. Asimismo, las compañías y empresas que usan el factoring.

También los directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas. Además, se mantienen las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores.

Los sujetos obligados deberán reportar las operaciones y transacciones económicas, cuando superen los USD 10 000. La UAFE mediante resolución, podrá incorporar nuevos sujetos obligados a reportar; y solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas e instituciones del Estado.

En la Disposición Transitoria Única, se otorga a la UAFE el plazo de 180 días para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley.

El Ejecutivo tiene 30 días de plazo para presentar sus objeciones o disponer el envío de esta reforma al Registro Oficial.

En la ley vigente desde 2016 constan las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos. las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, entre otros.


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