Falta de coherencia ideológica en los candidatos a la Alcaldía de Quito

Pedro José Freile, quien firmó la ‘Carta de Madrid’, del partido español Vox de ultraderecha, participará por el socialismo. Foto: Julio Estrella / El Comercio

En Quito, la militancia y la coherencia ideológica no son requisitos que toman en cuenta los partidos políticos. De 12 precandidatos a la Alcaldía definidos en primarias, solamente dos pertenecen al movimiento que los auspicia. 

Pabel Muñoz, del correísmo, y Natasha Rojas, de Unidad Popular, son los únicos precandidatos que tienen un historial de participación en la organización que los respalda. Los 10 restantes han sido parte de movimientos distintos a los que los nominan. 

Algunos de los precandidatos actuales primero anunciaron su intención de buscar la Alcaldía y después buscaron una organización política que los recoja y auspicie.

Este grupo está integrado por Jéssica Jaramillo, Pedro José Freile, Jorge Yunda, Patricio Alarcón, Andrés Páez y Luisa Maldonado. 

El mapa de la cuestión 

En términos del politólogo Santiago Basabe, incluso se concretaron acuerdos inverosímiles como el de Freile para correr como candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Esto fue por las abiertas posiciones del precandidato en las que se identificaba plenamente con la derecha. 

En el caso del exalcalde Yunda, su postulación fue un rumor que no se confirmó sino hasta el 24 de julio pasado. Ese anuncio no se acompañó del nombre del movimiento que lo auspiciaría. Recién la semana anterior se conoció que llegó a un acuerdo con el movimiento Pachakutik (PK). 

Maldonado, la última en anunciar su precandidatura, también estuvo por meses entre los nombres más sonados para buscar la Alcaldía de la capital. Después de su ruptura con el correísmo, optó por aliarse con Avanza. Este movimiento es una de las organizaciones políticas en riesgo de desaparecer si no alcanza buenos resultados en estos comicios.

Otro caso es el de Jaramillo, que se movió en barrios y también en redes antes de anunciar el movimiento que la acogería. Lo mismo pasó con Alarcón, del cual se esperaba una alianza en favor de un solo candidato de derecha, pero decidió participar por el Partido Social Cristiano (PSC). 

María José Carrión anunció desde el inicio su postulación con Amigo. Ella fue parte de Alianza País antes y después del quiebre entre correísmo y morenismo. Inty Gronneberg, que va de la mano con la Izquierda Democrática (ID), no es afiliado a ese partido. 

La candidatura del actual concejal de Quito, Omar Cevallos, también se conoció la semana pasada. Él llegó al Concejo con Unión Ecuatoriana, hoy extinto. Pero ahora irá por Centro Democrático. Finalmente, Páez, después de pasar por la ID y Creo, en esta ocasión fue acogido en Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. 

Finalmente, aunque Luz Elena Coloma actualmente es concejala por Creo, no es afiliada al partido.  

¿La raíz del problema? 

Basabe dice que el fenómeno ocurre porque los partidos y movimientos no tienen gente que pueda candidatizarse y sean una figura fuerte. Eso los obliga a buscar opciones, aunque signifique alejarse de la coherencia ideológica. 

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, apunta otras razones. Una de ellas es que, para no incurrir en el riesgo de obtener tarjeta amarilla o ser sancionados con la salida del Registro Electoral, están obligados a presentar candidaturas. 

“Tienen que buscar cualquier persona que les acepte la postulación y tenga las posibilidades para alcanzar la votación mínima que establece el Código de la Democracia”, señala. 

Sin embargo, el fenómeno es de doble vía. Los precandidatos sin partido buscan quién los auspicie. En ese escenario, según Aguinaga, aparecen los partidos y movimientos de alquiler. Por eso no existe conexión ideológica entre candidato y organización política.   

El financiamiento público 

La norma electoral plantea que el Estado entregará recursos a las organizaciones que obtuvieron el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas. Si no es el caso, también cuenta el haber alcanzado tres curules en la Asamblea o el 8% de alcaldías. Se puede tomar en cuenta si logró un concejal como mínimo en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país. 

Una de las obligaciones de los partidos es invertir una parte de esos recursos en la formación de sus militantes. Según Aguinaga, se entiende que la finalidad de eso es formar a sus propios cuadros. Por eso plantea que el CNE debe hacer un seguimiento del uso de los recursos desembolsados.

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