El acuerdo entre el presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena, para una moratoria y la condonación de las deudas que los pequeños agricultores mantienen con la banca pública, no es nuevo. Esta medida ha sido utilizada por otros mandatarios para conseguir algo de gobernabilidad.
Los indígenas llegaron a Carondelet a pedir la moratoria y el Gobierno, a decir de la Secretaría de Comunicación, “fue más allá”, aceptó la moratoria y propuso una condonación de la deuda de los pequeños agricultores. Será una mesa técnica la que defina los detalles que se necesitan para poner en práctica este acuerdo.
Juan Falconí Puig, que fue Superintendente de Bancos en el gobierno de Gustavo Noboa, señala que es necesario dictar una Ley para hacer viable el acuerdo entre las partes. “Ha habido antecedentes y en el caso en el Ecuador normalmente la condonación se ha dado por ley”.
Históricamente, los pedidos de condonación se han aplicado por eventos naturales como inundaciones, heladas y eventos que reúnan las características de “imprevisto, imprevisible e irresistible, que definen el caso fortuito”, explicó.
En este caso, el sector indígena y campesino puso a la pandemia por coronavirus como caso fortuito, lo que a criterio de Puig, reúne características similares a otros procesos de condonación de deuda. Sin embargo, insiste en que es necesaria una ley para ponerla en práctica y un reglamento para ejecutarlo.
“El Gobierno o el Presidente de la República no puede condonar así porque sí, sencillamente porque no es el dueño de los recursos. Me explico, los recursos públicos no son recursos de una persona, ni de un Ministro, ni de un Presidente. Los recursos públicos son del Estado”, precisó.
El trámite de una Ley en la Asamblea varía según el tema y el apoyo político que tenga.
En este caso, al tratarse de un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena y otros sectores sociales, se anticipa que tendría el apoyo de los bloques de Pachakutik y Creo.
Tras la reunión en Carondelet, en la que no se llegó a un acuerdo para bajar el precio de los combustibles, el Gobierno señaló que busca los mecanismos para entregar créditos al 1% de interés, a partir del 1 de enero del 2022.
“Hay que mirar bien, que no se preste para abusos como los negociados tremendos que se dieron con los insumos, las bolsas para cadáveres, la medicina, etcétera que usted ha visto y que ahora están exonerando los jueces corruptos a todos los implicados”, puntualizó.
El acuerdo entre el Gobierno y los indígenas se circunscribe a BanEcuador, organismo que a junio de 2021 registró un índice de morosidad del 16,41%, frente al 13,30% con que cerró el 2020, según la Superintendencia de Bancos.
Además de BanEcuador, la banca pública está compuesta por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Estado del Ecuador, BEDE.
BanEcuador reemplazó al Banco de Fomento, hoy en liquidación, y brinda créditos a unidades productivas individuales y familiares, asociativas, comunales y pymes.
Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, señala que este tipo de condonación de deudas conlleva un costo fiscal, pero es una práctica que se ha vuelto tradicional en la dinámica de la economía ecuatoriana.
Banecuador tiene, hasta septiembre de este año, una cartera de créditos de USD 1 258,7 millones, de los cuales USD 164,7 millones son de créditos productivos por vencer, según el órgano de control. Sus activos suman USD 2 058 221 655.
“Creo que la situación del banco público eventualmente necesitará una capitalización por parte del Gobierno”, consideró el economista.
“Supongo que el Presidente y su equipo están sopesando que el golpe (fiscal) es pequeño, en relación con el beneficio tanto político de reducir la conflictividad social”, explicó.
Señaló que una de las oportunidades que brinda este tipo de acciones es la de “mejorar la situación de personas que no logran insertarse de una manera eficiente en la economía y que producen alimentos”.