Mayor participación de mujeres en la política y en postulaciones es la realidad que hace falta en algunos países de la región, según miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo internacional sugiere más inclusión tanto a las organizaciones políticas como al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Consejo Permanente de la OEA conoció este martes 2 de febrero del 2022, el informe final de la Misión electoral en Ecuador que observó las elecciones de primera y segunda vuelta del 2021.
Isabel de Saint Malo, jefa de misión de la OEA en Ecuador, felicitó al CNE al señalar la organización de un proceso electoral “con alto grado de complejidad, en un contexto de emergencia sanitaria”.
El informe contiene dos recomendaciones específicas. De Saint Malo destacó que se haya reformado el Código de la Democracia sobre la implementación progresiva de la paridad de género, horizontal. Pero, “algunos actores informaron que las organizaciones políticas inscriben únicamente a mujeres en las provincias con menor importancia política o menores posibilidades de triunfo”.
Por tanto, se debe valorar “el uso de bloques de competitividad, a modo de que las organizaciones políticas postulen a mujeres en provincias en donde tienen mayor, median o menor probabilidad de triunfo”, dijo la representante de la OEA. La otra recomendación es “designar una unidad, al interior del CNE, a cargo, específicamente, de diseñar e implementar una política de género”.
La Misión también recomienda designar otra unidad que se ocupe de promover la participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes y que se incorporen variables de afrodescendencia o pertenencia a pueblos y nacionalidades indígenas al registro electoral.
Entre otras sugerencias, la Misión mencionó el fortalecer las capacidades financieras y humanas del CNE. Además, le preocupa que otras instituciones no electorales puedan intervenir en los procesos que le competen al Consejo.
De su lado, la titular del órgano electoral ecuatoriano, Diana Atamaint, compartió la preocupación. “Creemos que la autonomía e independencia de la función electoral debe ser protegida. Y es una tarea fundamental de todos los organismos electorales. Principalmente del Estado en su conjunto”, dijo.
Respecto al presupuesto, Atamaint mencionó que se concretó un proyecto de cooperación con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), y hacer un diagnóstico de la infraestructura tecnológica, con miras a las seccionales del 2023.