Obtener los formularios para recolección de firmas es la siguiente meta que persiguen los representantes de la Mancomunidad del Chocó andino, de postura antiminera. Se sienten victoriosos después de que la Corte Constitucional (CC) emitió el dictamen favorable de constitucionalidad para una consulta popular, en Quito.
El 28 de enero pasado, la CC dio paso a las propuestas de consulta popular sobre la explotación de minería metálica (a nivel artesanal, pequeña, mediana y gran escala), “dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible integrada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino”.
Este lunes, los proponentes de la consulta popular acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar la entrega del formulario de firmas.
“Es una consulta popular por iniciativa ciudadana. Eso quiere decir que se tiene que cumplir con la legitimación democrática y la recolección del 10% de las firmas del último padrón del Distrito Metropolitano de Quito”, explicó Sylvia Bonilla, abogada de los proponentes, en una rueda de prensa.
Los interesados tienen seis meses para recoger aproximadamente 200 000 firmas de los quiteños. Si la ciudadanía apoya la prohibición de la minería, se darían tres efectos, según la jurista: los cuales serían obligatorios para el Gobierno Nacional; no se podrá graficar más bloques mineros y los que ya se encuentren graficados, no podrán ser concesionados; si las concesiones actuales son retiradas por vulneración de derechos, estas no se volverían a entregar en el Cocó andino.
Richard Paredes, presidente del Gobierno Autónomo de Pacto, dijo que el objetivo es defender “ese jardín botánico que es de todos los quiteños”. Mencionó que el Chocó andino es la séptima reserva de biosfera, reconocida por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2018. El funcionario denunció que hay empresas mineras que operan sin permisos habilitantes.
Gianina Moreno, presidenta de la Mancomunidad, reiteró que los proponentes se sienten victoriosos por el triunfo en la CC. “Exigimos al CNE que siga con lo que demanda el Código de la Democracia y agilite el proceso para la entrega de formularios para empezar con el proceso de consulta popular”, expresó.
La organización Acción Ecológica respalda la iniciativa de consulta popular. Los proponentes esperan que esta se lleve a cabo paralelamente a las elecciones seccionales del 2023.