La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite una segunda demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19, que entró en vigor como Decreto-Ley el 29 de noviembre del 2021.
La decisión fue adoptada el 24 de enero por la Sala de Admisión, pero se conoció este miércoles 2 de febrero del 2022, tras su notificación a los asambleístas de la bancada correísta que interpusieron este recurso el 13 de diciembre del 2021 en contra de la Ley, también conocida como reforma tributaria.
Los legisladores argumentan que esta Ley no fue aprobada como lo estipula el artículo 140 de la Constitución, relacionado con el trámite de proyectos calificados de urgencia en materia económica.
“Córrase traslado con la demanda de acción pública de inconstitucionalidad de la presente causa y con este auto a la Presidencia de la República, a efectos de que en el término de quince días intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dice la resolución.
La demanda de los legisladores será unificada con otra acción similar presentada el 30 de noviembre pasado por el excandidato presidencial Yaku Pérez y que fue admitida a trámite el 17 de diciembre pasado por la Corte, pero sin dar paso a la suspensión de la ley como medida cautelar.
Pérez consideró que el proyecto de ley fue negado por la Asamblea y que no se respetó la jerarquía de las normas.
El presidente Guillermo Lasso envió esta Ley al Registro Oficial el 29 de noviembre pasado, después de que en el Pleno de la Asamblea no hubo los votos ni para aprobar, modificar o negar el proyecto. El correísmo se abstuvo de apoyar una moción de Pachakutik para el archivo del texto.
Según el Gobierno, esta ley supone un incremento de impuestos al 3% de la población con remuneraciones mensuales que superan los USD 2 000.