Entrevista a Luis Verdesoto, consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional.
¿Qué hará la nueva comisión estatal para investigar la corrupción?
La comisión aún no está creada. Será consultada al país a partir del 3 de enero, entre algunos centenares de organizaciones y sociedad civil. Esta comisión tendría que coordinar la Estrategia Nacional Anticorrupción. Tiene que cooperar con todas las funciones del Estado, además de proponer normas y procedimientos para el sector público, debe examinar la calidad del gasto público, que en Ecuador no se hace, y plantear acciones generales anticorrupción. Esta comisión, comité o como se llame, estará conformado por todas las instancias del Estado. Debo aclarar que la función Ejecutiva es uno de los nueve miembros, es decir, es la absoluta minoría.
La lucha contra la corrupción tiene tradición en la sociedad civil. ¿Cómo un ente estatal puede cambiar la corrupción?
Son dos cosas diferentes. Las iniciativas de la sociedad civil las puede seguir tomando y tendrá el curso que ha tenido hasta ahora. La anterior comisión anticorrupción, que trató de hacerse a la usanza de una comisión guatemalteca, tuvo un problema sustantivo: la soberanía judicial. En Ecuador, la decisión de jueces internacionales no puede anteponerse a la de los magistrados nacionales. Por esa razón, ahora Naciones Unidas hace un acompañamiento a la idea ecuatoriana de tener un Consejo de Estado Anticorrupción, que sería de los niveles más altos que tendría una comisión de este tipo en América Latina. Es decir, que los cinco titulares de las funciones se reunirían para adoptar por consenso políticas nacionales anticorrupción, coordinar las diversas actividades, si es el caso investigar y entregar esos materiales a que los trabaje la Fiscalía General del Estado, sin contraponerse a su ámbito de competencias.
Esta sería la diferencia fundamental: en Ecuador tendríamos un énfasis preventivo de la corrupción antes que investigativo y apoyaremos a la Fiscalía en todos los afanes de investigación.
¿Cuándo hablamos de corrupción, hablamos únicamente del robo, palanqueo, soborno?
Varias cosas: cuando hablamos de que todas las funciones del Estado estarán juntas hablamos de la posibilidad del mutuo control, de una mutua denuncia y de la asunción de decisiones por consenso. Hay que investigar todos los niveles de la corrupción: por tamaño, por origen, por persuasión, por imposición. Aunque habrá un privilegio para dos cosas: los lugares donde existe mayor susceptibilidad de corrupción, que son los de mayor contratación pública y también los lugares de asociación público-privada, en la que es preciso trabajar con la empresa privada para que asuma a la ética como parte de la gestión corporativa. En este rato, en alto riesgo de producción por la integración público-privada con nosotros.
Es decir, el soborno…
El soborno privado encarece la función de los servicios y la competitividad. Es necesario en estos planos de interacción público-privados hacer regulaciones claras antisobornos. Se identificaron las áreas de alta susceptibilidad y tenemos un informe que dice que es preciso intervenir.
¿Cuáles son esas áreas susceptibles?
Me refiero al área petrolera, la minera, la eléctrica, las comunicaciones, la contratación pública, la salud, la educación, la deuda externa e interna… Evidentemente Ecuador tiene un problema de que no evalúa su presupuesto ejecutado, y también fundamentalmente el narcotráfico, en el que no nos interesa el tema de seguridad, porque eso se trata a otro nivel, pero sí interesa el funcionamiento económico de la corrupción del narcotráfico y se necesita saber qué áreas contamina esta gestión corrupta.
La sociedad civil ve contradictorio que el Estado haga una comisión contra la corrupción…
Ante esto siempre hago una aclaración que es importante. En los 19 países de América Latina que dieron información sobre la corrupción tenemos cinco que tienen instancias presidenciales, tres no tienen anclaje con el Estado y el resto tiene comisiones híbridas. Pero hay algo fundamental: no hay ninguna fiscalía que sea privada, solamente algunos trasnochados piensan que la fiscalía tiene que ser de la sociedad civil o un organismo privado. Eso existía en la Edad Media cuando el Estado no se diferenciaba de la Iglesia. Creo que ese trasnochamiento no debe estar en la mente de nadie; y los jueces son estatales, consecuentemente esto de que se quiera decir de que cómo es posible que el Estado se fiscalice a sí mismo, eso lo hace todos los días la Fiscalía General, porque es del Estado. La Constitución del Ecuador dice que ese es el único ente con capacidad de dar incidencia jurídica a todas las investigaciones.
Hoja de vida
Luis Verdesoto (1955)
Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor en Estudios Políticos por l’Ecole Hautes Etudes en Sciences Sociales de Francia. Se desempeña como consejero Presidencial para la Gobernanza. Fue asesor del presidente Jaime Roldós y embajador en Suiza, en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Fue vocal del Consejo Nacional.