El primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública concluyó el pasado lunes 16 de junio de 2025, en la Asamblea Nacional, con cuestionamientos de fondo por parte de distintas bancadas.
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La iniciativa fue remitida por el presidente Daniel Noboa el 27 de mayo, con carácter de urgente en materia económica. Propone reformas a once normativas vigentes, incluidas el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Solidaridad Nacional.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno, tramitó el informe para primer debate, aprobado el pasado 12 de junio.
En esa misma sesión se modificó el nombre original del proyecto, que era Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Desde entonces, se denomina Ley Orgánica de Integridad Pública.
Puntos controversiales en el primer debate de la Asamblea sobre la Ley de Integridad Pública
Uno de los puntos más controvertidos es la reforma al artículo 14 de la Ley de Solidaridad Nacional. Esta modificación cambia los requisitos para acceder al indulto presidencial con efecto diferido durante el conflicto armado interno.
Se establece una nueva redacción que excluye de ese beneficio a procesados por delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio con motivaciones políticas o de conciencia.
En el ámbito económico, el proyecto también plantea cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Con la reforma al artículo 50, la designación del gerente general del Banco Central del Ecuador pasaría a manos del presidente de la República, reemplazando a la Junta de Política y Regulación Monetaria como autoridad nominadora.
Nuevas sanciones para fiscales y contratación pública bajo la lupa
Centeno explicó que el proyecto plantea reformas al COIP para permitir que los adolescentes que cometan delitos graves, con penas mayores a diez años, sean juzgados como adultos. Esta disposición aplicaría únicamente en casos de delitos especialmente graves.
La legisladora mencionó que, en 2024, se detuvo a 2 777 menores de edad, algunos de ellos involucrados en delitos como sicariato, terrorismo y crimen organizado.
Además, se incorpora el delito de prevaricato para fiscales, que se suman a jueces y árbitros como sujetos de esta figura penal. Según la legisladora, quienes sean sentenciados por prevaricato no podrán volver a ejercer la abogacía.
El Gobierno también busca limitar el uso de empresas fachada en el sistema de contratación pública.
Durante el 2024 se adjudicaron cerca de 73 millones de dólares mediante contratación directa. Además, se asignaron 66 millones de dólares por lista corta y 25 millones de dólares a través de concursos públicos. En total, el sistema de contratación pública representó el 6,5% del producto interno bruto del país.
El Ejecutivo advierte que entre el 10% y 30% de esos montos podrían estar comprometidos por corrupción.
Críticas desde la oposición por técnica legislativa deficiente
La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, cuestionó que el proyecto carece de unidad de materia y conexidad, lo que podría derivar en su eventual inconstitucionalidad. A su juicio, una ley urgente también debe cumplir estándares de técnica legislativa para evitar la fragmentación normativa.
Veloz expresó el respaldo de su bancada a las reformas orientadas a combatir la corrupción, pero señaló que el proyecto no incluye mecanismos clave para garantizar eficiencia y transparencia.
Entre sus observaciones destacan siete propuestas: fortalecer el portal de compras públicas, evitar la manipulación de catálogos electrónicos, implementar herramientas de monitoreo, y apoyar a economías locales, populares y solidarias.
Llamados desde Pachakutik a no criminalizar la juventud
Por su parte, la legisladora de Pachakutik, Cecilia Baltazar, criticó que la propuesta se enfoque solo en sancionar a los jóvenes en conflicto con la ley.
En su intervención, planteó la necesidad de acompañar a las nuevas generaciones con políticas de inclusión social y oportunidades económicas, especialmente en el marco de la economía popular.
Baltazar insistió en que una reforma integral debe priorizar el desarrollo bajo el principio de mejor valor, sin limitarse a la penalización ni excluir a los sectores vulnerables del tejido productivo del país.
