El pleno de la Asamblea Nacional está convocado para este lunes, 16 de junio de 2025, a las 17:00, con el fin de iniciar el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el presidente Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica.
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La iniciativa plantea reformas estructurales en la contratación pública y el servicio estatal, así como cambios en el sistema penal y en el juzgamiento de adolescentes infractores.
El informe para primer debate fue aprobado el 12 de junio por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN), con ocho votos a favor.
La mesa realizó varias modificaciones a la propuesta original, incluida la sustitución del nombre del proyecto. La nueva denominación será Ley Orgánica de Integridad Pública.
Entre los cambios más relevantes está la inclusión de reformas penales sugeridas por el legislador Andrés Castillo (ADN).
El informe incorpora el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos en ciertos casos y el endurecimiento de las sanciones por prevaricato. En este último punto, se establece la inhabilitación de por vida para ejercer la profesión de abogado, en caso de sentencia condenatoria para jueces, fiscales y defensores.
Contratación pública con inteligencia artificial y participación inclusiva
Según Centeno, el proyecto fortalece el sistema de contratación pública al incorporar controles automatizados y exigir la certificación técnica de los operadores. También propone garantizar la trazabilidad de los procesos mediante un portal único, con posibilidad de uso de inteligencia artificial.
La iniciativa prioriza la participación de actores de la economía popular y solidaria, así como de micro y pequeñas empresas. El objetivo es promover procesos más inclusivos, eficientes y libres de corrupción.
Además, se introducen reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), como evaluaciones periódicas de desempeño, pólizas de fidelidad y reglas específicas para el teletrabajo. Estas medidas apuntan a una gestión estatal más profesional y ética.
Nuevas reglas para el sistema penal y la justicia juvenil se debatirán en la Asmblea
El proyecto modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar el alcance del delito de prevaricato a fiscales y abogados, además de jueces y árbitros. En caso de sentencia, los sancionados quedarían impedidos de ejercer la abogacía de forma permanente.
En el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), se establece que, en delitos sancionados con más de 10 años de prisión, el internamiento preventivo de adolescentes podrá durar hasta un año. Cumplido ese plazo, deberán ser liberados sin necesidad de orden judicial.
El texto también detalla nuevas reglas sobre la investigación previa, la instrucción fiscal y la aplicación de medidas socioeducativas, con enfoque en la protección de víctimas y el desarrollo de los adolescentes infractores.
