El pasado 14 de mayo de 2025 se instaló un nuevo período legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador. Este momento, que en otros países sería símbolo de renovación y compromiso democrático, en nuestro país arrastra un pesado historial: aquel de sesiones interrumpidas por insultos, gritos, empujones y hasta agresiones físicas que hicieron del Legislativo un espectáculo que avergonzó a la ciudadanía en las décadas de los ochenta y noventa. Y que en los últimos años reaparecieron con otros modos y mañas.
El país no puede tolerar que la Asamblea vuelva a convertirse en un escenario de circo político, donde el protagonismo se lo llevan los enfrentamientos y no las ideas. La historia ya fue clara en su juicio al viejo Congreso Nacional y a las primeras versiones de la Asamblea: los excesos verbales y las pugnas de poder no solo dañaron la institucionalidad, también enterraron la credibilidad de una función del Estado vital para la democracia.
No se trata de que todos los legisladores piensen igual o eviten los disensos. Se trata de entender que el respeto es el punto de partida del diálogo democrático. Si en el hemiciclo se normalizan los gritos y las descalificaciones, ¿qué ejemplo dan al país? ¿Qué enseñan a los jóvenes que aún creen que la política puede transformar realidades?
Lamentablemente, los primeros días del nuevo período ya han mostrado señales preocupantes. La reciente aplicación de sanciones a 21 legisladores por no registrar asistencia a los plenos (el 3 de junio de 2025) revela un problema de compromiso institucional que debe corregirse de inmediato. El Parlamento no puede estar ocupado por quienes no entienden la importancia de cumplir sus funciones.
La Asamblea no tiene que ser una extensión del Ejecutivo ni un campo de batalla. Tiene que ser una casa para el debate informado, el control político responsable y la producción legislativa útil. El país necesita leyes que modernicen el Estado, garanticen derechos y promuevan desarrollo, no escándalos ni bloqueos sistemáticos.
La apertura al diálogo no puede verse como debilidad, sino como el acto más maduro que puede asumir un político. Solo a través del diálogo se construyen consensos duraderos. Solo dialogando se pueden representar a los millones de ecuatorianos que votaron por diferentes partidos, ideologías y propuestas.
Que se hayan tenido que aplicar multas por ausencias y atrasos es en sí mismo una señal alarmante. ¿Cómo puede exigirse cumplimiento a la ciudadanía si sus propios representantes no dan el ejemplo más básico?
En una sociedad que ya ha perdido confianza en las instituciones, la Asamblea no tiene margen para fallar. Cada salida en falso, cada palabra altisonante y cada falta de respeto no solo manchan la imagen de una legisladora o un legislador, también dañan el tejido institucional del país. Y eso es algo que Ecuador ya no puede permitirse.
La Asamblea Nacional tiene la oportunidad de actuar diferente. De construir desde el diálogo y la pluralidad. De representar a un país cansado de enfrentamientos y ansioso por soluciones. Si no lo entiende ahora, corre el riesgo de convertirse, una vez más, en símbolo de vergüenza nacional. Pero si lo logra, podría recuperar parte del respeto que hace tanto perdió.
