A 10 días de que los ecuatorianos tengan que asistir a las urnas, el Gobierno defiende su consulta popular. En un diálogo con EL COMERCIO, Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, insistió este 26 de enero de 2023 en que las ocho preguntas plantean los cambios que serán las herramientas para intervenir en temas como seguridad, institucionalidad y control de los movimientos políticos.
Sichel señala que la extradición es un instrumento eficaz para enfrentar los delitos asociados con el crimen organizado transnacional. Sin embargo, acepta que no hay una solución inmediata para el tema y que dichos cambios no se verán de inmediato, luego del 5 de febrero.
En lo relacionado con el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), plantea que es un órgano político y no solo técnico como plantea la Constitución. Con el cambio en la designación de autoridades, dice que la Asamblea tendrá un poder limitado y serán las comisiones técnicas las encargadas de seleccionar los perfiles.
La consulta también incluye el cambio sobre el número de asambleístas. Aunque el diseño propuesto reduce legisladores por parte de provincias más pequeñas, Sichel dice que a lo que se apunta es a una mejor proporcionalidad que sí influirá en la calidad del Parlamento.
Finalmente, en caso de que el próximo 5 de febrero no gane el sí en preguntas como la extradición, facultades del Cpccs y la independencia de la Fiscalía, el Gobierno planteará otros caminos, incluido el de la reforma parcial.
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