Juicio político terminó en la censura del excontralor Pablo Celi, por unanimidad en la Asamblea

El excontralor Pablo Celi llegó a la Asamblea para defenderse del juicio político. Foto: Twitter Asamblea

Después de una sesión que tomó 13 horas, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea censuró por incumplimiento de funciones al excontralor Pablo Celi, como desenlace de un juicio político impulsado por el correísmo, este lunes 16 de agosto de 2021.

La moción para la censura provino del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, y no del interpelante Juan Cristóbal Lloret, del correísmo, después de intensos diálogos entre las bancadas, pues la intención del correísmo era que Celi fuese censurado por arrogación de funciones, lo que encontró resistencia en el resto de bancadas. Lloret no insistió en su moción.

Con esta decisión, adoptada por 136 asambleístas presentes en la sesión, que estallaron en aplausos en el hemiciclo, Celi no podrá volver a ejercer cargos públicos por dos años. La presidenta Guadalupe Llori no participó de la votación.

El debate se abrió después de que Celi y sus interpelantes, los asambleístas del correísmo Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, presentaran las pruebas de cargo y descargo durante cinco horas, incluidas réplicas. En el Pleno intervinieron 18 legisladores.

El primero en intervenir fue el coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, quien presentó una segunda moción para la censura de Celi, después de intensos diálogos en el hemiciclo con los coordinadores de la ID, Creo e independientes, para acordar los términos de la moción.

Las bancadas marcaron distancias con la moción inicial presentada por el correísmo, que incluía censurar a Celi por arrogación de funciones. Unes no aceptó que el segundo interpelante fuese de otra bancada.

En sus intervenciones, Diego Ordóñez, de Creo; y Joel Abad, de Pachakutik, identificaron a Celi como un exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa. Entre otros cargos, aludieron a varias delegaciones de dicho régimen ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

“Tenemos la autoridad moral (para censurar a Celi) porque no cargamos en nuestra espalda delincuentes que están presos o prófugos. Celi era parte del proyecto político que ahora ataca y del cual ahora se defiende”, dijo Ordóñez.

César Rohón (ex PSC) pidió aclaraciones: “¿Se va a votar punto por punto? Cuidado nos meten un gol por la galleta, y así nos llevan a la revisión de fallos judiciales”.

Desde la bancada del correísmo, Ronny Aleaga y Fausto Jarrín, abogado de Correa y del exvicepresidente, Jorge Glas, salieron al paso de las acusaciones.

“En el caso Sobornos (por el cual Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel) no hay un solo examen de Contraloría. Yo solicité como prueba a la jueza Camacho, así que no farsantes. Esos juicios se van a caer por absurdos, por ridículos”, enfatizó Jarrín.

Aleaga insistió en que Celi se autoproclamó contralor General del Estado, el 21 de junio de 2017 y el 2 de julio de 2017 la Asamblea censuró a Polit. “Es decir, además del incumplimiento de funciones, hoy nos toca reconocer a este pillo que estuvo aquí como contralor para cumplir con la legitimación pasiva, y nos toca reconocerlo y lo hacemos para que sea censurado, aunque hay voces que no quieren hablar de estas irregularidades porque quieren seguir protegiendo la memoria del trujillato”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), manifestó que la constructora Odebrecht pagó USD 20 millones de dólares para que le desvanezcan USD 80 millones en glosas y regresó al país con USD 4 000 millones en contratos para proyectos como la hidroeléctrica Manduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca o la Refinería del Pacífico, durante el Gobierno de Correa.

“De esos contratos salieron los sobornos que financiaron las campañas políticas del 2013 y 2014”, expresó Villavicencio, quien también llamó al Pleno a “contar la historia completa” e identificó como “la causa de la megacorrupción en el país” al giro específico de negocios, producto de un decreto de emergencia de Correa.

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), y Johana Moreira, de la ID, enfatizaron que no se vulneró el debido proceso, como argumentó Celi en su intervención.

Incidencias

La sesión se desarrolló sin mayores tensiones, aunque hubo reclamos de la bancada correísta cuando Celi manifestó que hubiese querido “la capacidad de Goya para pintar la miseria de esa bancada”.

“Yo he tenido que escuchar los estribillos de cantina con los cuales se me ha ofendido”, añadió, lo que provocó que algunos como Ronny Aleaga se levantaran de sus curules con sus reclamos, y la presidenta Guadalupe Llori pidiera a Celi que respete a la Asamblea.

Celi, quien permanece detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada, llegó al hemiciclo vestido de traje y acompañado por tres familiares, entre ellos su hija. Los policías que lo custodiaban se quedaron en la puerta de la sala, en donde lo despojaron de las esposas.

En un principio, Celi se presentó como un “reo de conciencia” y enfatizó que “el asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes está en la venganza del sátrapa que los maneja (…). Esto es un verdadero segundo incendio de la Contraloría, solo que esta vez calcinando su prestigio institucional”, señaló.

Acusó al correísmo de buscar que el Pleno catalogue como ilegal a su nombramiento y abrir “una peligrosa puerta, restando valor e importancia a informes de auditoría que, sin duda afectan a la bancada interesante”.

“Él nunca fue contralor por acto administrativo, él se quedó por un acto de fuerza”, remarcó Juan Cristóbal Lloret, y agregó: “Celi mafioso, como tu sobrino mañoso, esa será la sentencia más allá de la censura de este funcionario”.

El interpelante rechazó que Celi pidiera a la Asamblea que verifique con la UAFE “sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret”.

“Aquí no va a venir a cuestionarnos, ni va a intentar darle la vuelta con esos argumentos. Aquí el imputado es él”, insistió Lloret.

En el texto, la resolución dispone el envío del expediente del juicio político a la Fiscalía, a la Contraloría y al Consejo de Participación para las investigaciones correspondientes. Es el primer juicio político de la actual legislatura.

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