El juicio político al excontralor Pablo Celi prevé tener este lunes 16 de agosto del 2021 un desenlace en la Asamblea, conforme al pedido que presentó hace más de tres meses el correísta Juan Cristóbal Lloret por supuesta arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas y otras causales.
El exfuncionario público pidió ser recibido de manera presencial para ejercer su defensa, según informó su abogado, Marcelo Ron. Celi permanece detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada en el llamado caso Las Torres.
El Pleno inició a las 09:00 la interpelación, después de que el miércoles pasado las bancadas resolvieron continuar con este proceso con miras a llegar hasta la censura, cuya consecuencia es la inhabilitación de ejercer cargos por dos años.
Según el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora de la convocatoria, sustentarán sus causales por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. A continuación, Celi, en un lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno. Luego, cada parte podrá replicar por una hora.
Finalizada la intervención de Pablo Celi, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica.
El juicio político concluirá con la votación de la moción de censura que se presentaría en el debate. Hasta el momento, según un sondeo de este Diario, sería censurado.
El 26 de julio pasado, Celi acudió presencialmente, custodiado por la Policía, a presentar sus descargos a la Comisión de Fiscalización, donde se declaró como perseguido político y catalogó de “sainete decadente” a este proceso de control político.
Una semana después, el 6 de agosto, remitió sus alegatos a la presidenta Guadalupe Llori, que fue distribuido el viernes pasado entre los 137 legisladores. En el documento de 36 páginas, Celi pidió al Pleno que disponga el archivo de la solicitud de juicio político y que se inicie un proceso administrativo disciplinario al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y el resto de sus integrantes, con el argumento de que habrían vulnerado sus derechos y el debido proceso.
Un error al haber solicitado de manera extemporánea una prórroga para la entrega del informe por parte de la Comisión provocó que el expediente vaya al Pleno sin conclusiones y recomendaciones. Lo ocurrido convirtió a Villavicencio en blanco de críticas de las bancadas. El viernes, el legislador acusó al correísmo de incumplir acuerdos para que, además de Lloret, el interpelante sea de otra bancada legislativa.
Hoy por la mañana, Villavicencio presentó una denuncia a la Fiscalía con datos sacados de las intervenciones en la etapa de comparecencias del juicio político a Celi.
