El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), reveló que más de 15 asambleístas tienen expedientes en la Contraloría General del Estado, entre estos la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori (PK).
“Aquí está la información de la glosa de la presidenta Guadalupe Llori. Es información de la Contraloría. Yo no estoy diciendo si ha desvanecido o no ha desvanecido. Aquí está. Cuando era Prefecta de Orellana. Aquí está otro informe con responsabilidad penal. Estamos investigando”, manifestó.
El legislador salió al paso este jueves 12 de agosto de 2021 de las críticas de las que fue objeto en el Pleno por no haber entregado un informe de Comisión sobre el pedido de juicio político al excontralor Pablo Celi, que impulsa el asambleísta del correísmo Juan Cristóbal Lloret.
Señaló que los coordinadores de bloque de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, y de Pachakutik, Rafael Lucero, aprovecharon el error -que consistió en haber solicitado una prórroga de manera extemporánea para la entrega del documento– “para poner contra la pared y generar un linchamiento contra este legislador” ayer en el Pleno.
A su vez, rechazó una queja por supuesta violencia política que alista en su contra la titular de la Legislatura. Ante la prensa exhibió documentos proporcionados por la Contraloría sobre los exámenes realizados entre 2007 y mayo 2021.
“Esta Comisión está trabajando un informe. Les puedo decir que hay más de 15 legisladores que tienen expedientes en la Contraloría. Esto no significa que sean glosas confirmadas. Nosotros estamos investigando. Pero si la abogada Guadalupe Llori pretende cobijarse bajo el supuesto ataque de violencia de género, no doctora Llori usted tiene miedo porque está Comisión recibió información de la Contraloría; está aquí, es información oficial, yo no tengo por qué ocultar”, enfatizó.
Apuntó que Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, “tiene un informe con responsabilidad penal y una instrucción fiscal por haber sido Prefecto de la Provincia de Zamora Chinchipe“.
También aseguró que Llori le pidió “que no haga nada” en el caso de la Prefectura de Pastaza, cuyo titular afronta pedidos de destitución de la Contraloría, después de una reunión con el legislador independiente Elías Jachero. Y cuestionó que Alba Sánchez, esposa de un fiscal y exdirectora de la Prefectura de Orellana, haya sido nombrada como directora de Talento humano de la Asamblea.
Villavicencio se ratificó en sus reclamos a Llori por un plan de compra de vehículos en medio de la crisis económica, algo que ella negó en una rueda de prensa. Dijo que ha pedido copias certificadas de los documentos.
“Yo no miento. Desde la Presidencia de la Asamblea se dio la disposición para que se abra un proceso de adquisición de vehículos. Comprar vehículos en medio de crisis económica no es muy ético”, señaló.
Por último, acusó de “doble moral” al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien busca que Celi sea interpelado por arrogación de funciones y otras causales. Aseguró que una colaboradora suya asesoró a Lloret en la fase de pruebas.
“He logrado presentar en el caso del juicio a Pablo Celi lo que los correístas nunca querían, lo que nadie quería, demostrar que está trama no solo se reduce al espacio Pablo Celi, sino que es una trama mafiosa. Aquí hubo una disputa del control de la Contraloría. Eso es lo que no les gusta, que los contratos que fueron glosados y luego desvanecidos fueron firmados durante el Gobierno de Correa con sobornos y sobreprecios”, puntualizó.
Villavicencio finalizó que “sería un honor” sí lo sacan de la Comisión o de la Asamblea.