Entre los asambleístas de Pachakutik se evidenciaron dudas en relación al trámite del juicio político al excontralor, Pablo Celi, cuando arrancó la sesión en la que el Pleno debía decidir si continuaba o se archivaba el proceso impulsado por Juan Cristóbal Lloret (Unes).
La reunión se instaló a las 08:28 de este miércoles 11 de agosto de 2021 y fue suspendida seis horas después por el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), cuando el secretario concluyó con la lectura del informe con los criterios de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, a las 14:45.
La cita debía retomarse a las 16:00, lo que no ocurría hasta el cierre de esta nota. Debido a que la Comisión no entregó el expediente con las conclusiones y recomendaciones, al Pleno le correspondía decidir si continuaba o no este proceso.
El aparente consenso que había en las bancadas para que la interpelación a Celi pudiera seguir adelante por unanimidad, se puso en duda. Ocurrió apenas se instaló la reunión.
A su ingreso al plenario, el socialcristiano Luis Almeida advirtió a la prensa: “Hay un legislador por allí que ha querido archivar esto, so pretexto de que no tiene legalidad. Ya mismo vamos a decirlo en el Pleno”. Y precisó: “Vanegas”, cuando se le preguntó de quién se trataba.
El legislador Ricardo Vanegas reaccionó enseguida. La posición de Pachakutik, dijo, es que siga adelante este juicio político, aunque reconoció que existían reparos. “Políticamente lo correcto es iniciar el proceso contra Celi y buscar su censura, lo jurídicamente correcto no es eso”.
El también asambleísta de Pachakutik, Mario Ruiz, acusó a la Comisión de Fiscalización de haber cometido un “error garrafal” al no haber entregado un informe específico para resolución del Pleno, debido a que había solicitado una prórroga extemporánea.
“Sin un informe de la Comisión, sin los elementos para que se inicie un juicio político, a mi criterio muy personal, yo creo no podía llevarse un juicio político por encima de lo que establece la norma, porque eso sería vulnerar el derecho a la seguridad jurídica establecido en el art 82 de la Constitución. Ese error es garrafal y ese horror podría estar costando este juicio político”, sentenció Ruiz.
El coordinador de Creo, Juan Fernando Flores, y la vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Johana Moreira (ID), confiaban en que la decisión del Pleno sea llamar a juicio político a Celi. Estaba previsto que la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), presentara la moción.
Ronny Aleaga, del correísmo, criticó al titular de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), por haber responsabilizado a su secretaria por no haber notificado a tiempo un pedido de prórroga para la entrega del documento. “Se trató de violentar el proceso, so pretexto de desconocimiento”. Lloret pidió que Celi sea censurado por arrogación de funciones y otras causales.
Entretanto, Vanegas acudió a las ventanillas de gestión documental del Parlamento en donde entregó una queja contra Villavicencio para que el CAL lo sancionara con 30 días de suspensión por haberlo vinculado con una empresa sancionada por la Contraloría.
“Se atrevió a vincularme con el caso Las Torres y, además, a vincularme con supuestos actos de corrupción, cosas que hasta el día de hoy y tampoco lo podrá hacer mañana ni nunca ha podido probar ni probará”, expresó el legislador de Pachakutik.
Sin embargo, Villavicencio se ratificó en que “Vanegas está vinculado a una de las empresas del consorcio Oro Negro como accionista”.
Añadió que “este proceso de investigación y juicio político ha revelado que la Contraloría General del Estado es en esencia una lavandería de los pecados de la delincuencia de cuello blanco que involucra a gran parte de la clase política”.