En la Unidad Judicial de Quitumbe, al sur de Quito, se instaló este 22 de agosto de 2022 la audiencia por la acción de protección de Guadalupe Llori (Pachakutik, PK). Con este recurso busca recuperar la Presidencia de la Asamblea y una millonaria indemnización.
“Aquí no se trata de volver o no a la Presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachakutik y a mi como una mujer amazónica y política a la vez”, dijo Llori
A la diligencia, que se instaló a las 14:30 de manera reservada, Llori llegó acompañada por sus abogados Francis Abad, Santiago Salazar y Julio César Sarango.
“Las pruebas son contundentes. Se violó el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, la tutela efectiva”, argumentó Sarango.
Entre las medidas de reparación se demandó un pago de USD 8,1 millones, que equivale a USD 100 000 por cada uno de los 81 legisladores que votaron por la destitución de Llori el pasado 31 de mayo.
Virgilio Saquicela (Ind.), quien relevó en la Presidencia a Guadalupe Llori, así como Pamela Aguirre (Unes), Lucía Placencia (Izquierda Democrática, ID), Peter Calo (PK) y Jhon Vinueza (independiente), también se presentaron junto con sus abogados.
Ellos pidieron que se declare como “cosa juzgada” a esta causa, debido a que otra acción de protección ya fue negada meses atrás por otra jueza y la Corte provincial de Pichincha.
El pedido obligó a la jueza Sonia Ramírez a suspender la diligencia por una hora. Sin embargo, decidió continuar con el procedimiento al señalar que la otra acción de protección fue negada por “cuestiones previas”.
“Tengo la obligación de administrar justicia Constitucional”, añadió, tras señalar que hará un análisis minucioso antes de emitir una sentencia.
La defensa de Llori pidió a la jueza que se acepte esta acción de protección y se declare la vulneración de los derechos constitucionales de la expresidenta.
En medio de la diligencia, Llori se retiró argumentando problemas de salud. “Agotaremos todas las instancias judiciales, Constitucionales aquí en el Ecuador. En caso de ser necesario lo haremos también ante organismos internacionales para demostrar que mi destitución fue ilegal e ilegítima”, añadió.
La asambleísta Placencia calificó como un “abuso del derecho” las acciones de Llori y la emplazó a “que se ponga a trabajar”. Mientras el socialcristiano Esteban Torres calificó de insólito que Llori pretenda una millonaria indemnización. “El honor no tiene precio”, enfatizó Llori.
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