Hernán Ulloa se ratificó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) este 28 de noviembre del 2022 y desconoció la posesión de Olindo Nastacuaz como consejero alterno. Aún no presenta la denuncia en contra del titular de la Asamblea Nacional.
Nastacuaz fue posesionado la noche del 27 de noviembre por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. El posesionado es el último candidato electo en la lista de Pueblos y Nacionalidades tras las elecciones de 2019 y le corresponderá asumir el cargo de consejero principal porque Jaime Chugchilán renunció. Ellos son los subsiguientes en la lista luego de Francisco Bravo, uno de los cuatro destituidos por el Legislativo.
Sin embargo, Ulloa explicó a la prensa que Nastacuaz “no podría ejercer como titular porque el cuerpo colegiado se encuentra conformado debidamente”. A su criterio tampoco existen dos Cpccs porque para la administración de Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Bravo existe una certificación.
Allí “se establece que existe el cuerpo colegiado integrado por siete consejeros titulares. Es decir, no existe la posibilidad de que algún compañero consejero se principalice si es que no existe una ausencia temporal o definitiva de parte de los miembros colegiados”, argumentó Ulloa.
Consideró a la posesión de Nastacuaz como un acto irrelevante de Saquicela. “El Cpccs tiene su presidente, que no va a permitir que el presidente de la Asamblea pase por encima de mi cabeza, irrespetando la independencia y autonomía que tiene el Cpccs. Le exhorto a que pare estas pugnas”, advirtió. Espera que la Función Judicial se pronuncie de forma definitiva.
Saquicela dijo en una rueda de prensa que la resolución sobre la que un juez emitió la medida cautelar, que restituyó en sus cargos a los consejeros de mayoría, no corresponde a la sesión de la destitución, sino que la resolución No. RL -2021-2023 -112 es sobre el llamado a juicio.
Concluyó que por tanto la destitución está en firme y sus actuaciones son nulas. No le preocupa la denuncia en su contra que el Cpccs aprobó presentar en la Fiscalía, por presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esto aún no se concreta por parte del Cpccs.
La administración de Ulloa, señalada por ser afín al Gobierno, solicitará a la Contraloría que realice un examen especial a las asistencias al Pleno de los consejeros de minoría (Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos). Les acusan de cobrar sueldos sin participar en las plenarias.
Cpccs en acefalía
Vista la situación político judicial del Cpccs, el analista político Alfredo Espinoza considera que esta institución se encuentra en acefalía porque no se encuentra integrada a plenitud. “Es uno de los tantos conflictos que se vive al interior del Cpccs y que responde al manoseo político partidista del cual ha sido víctima. Desentona con el régimen político democrático”, señala.
Observa que hay “una franca y abierta disputa” entre los consejeros de minoría y mayoría. Para el analista, todos se identifican con alguna organización política. A Nastacuaz se le cuestiona por ser de la línea correísta, pero también hay interés socialcristiano, agrega. Su posesión “es un intento por revertir la correlación de fuerzas al interior del Cpccs, para que este grupo de oposición que en su momento tuvo mayoría en el Cpccs recupere ese espacio”, según el analista.
Lo que está en disputa ya es conocido, son los concursos para la designación de autoridades, principalmente la Contraloría, puntualiza Espinoza. Cree que los consejeros de mayoría judicializan la política en su intento por aferrarse a sus cargos, “en los mismos términos en los que Almeida, en su momento, intentó hacer”.
El analista advierte que las actuaciones de la mayoría ponen en peligro a los concursos de designación y le hacen daño a una democracia ya maltrecha. El concurso para la Contraloría cerró su etapa de inscripciones con 117 postulantes.
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