Cinco claves de la actual crisis en el Consejo de Participación
El Cpccs atraviesa una nueva crisis, eso se debe al interés de controlar esa institución desde el Ejecutivo y desde la oposición legislativa, según un experto. Foto: Twitter Cpccs
Esta cuarta semana de noviembre del 2022 cierra con un nuevo episodio de acciones y reacciones entre instituciones del Estado, nuevamente en el centro el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Esta vez por la destitución de cuatro de sus integrantes y las actuaciones que se derivaron. La situación es una nueva etapa de crisis, una constante porque detrás está la pugna entre el poder Ejecutivo y Legislativo por manejar la Contraloría General del Estado, la joya de la corona, según el analista político Rodrigo Jordán.
Estos son los hechos que acontecieron en esta semana:
- Destitución: El 18 de noviembre la Asamblea Nacional censuró y destituyó, con 85 votos a favor, a los integrantes del bloque de la mayoría del Cpccs por incumplimiento de funciones: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. Son criticados por ser afines a intereses del Ejecutivo. Legisladores del Unión por la Esperanza (correísmo), del Partido Social Cristiano (PSC), algunos de Izquierda Democrática e independientes apoyaron la destitución.
- Convocatoria a posesión: El 22 de noviembre el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó a la sesión plenaria para posesionar a los consejeros que reemplazarían a los destituidos, el 24 de noviembre. En la noche del 22, Ángel Lindao, juez de la Concordia, concede una medida cautelar que suspendió la destitución. Fue el resultado de uno de los 14 recursos judiciales interpuestos en respaldo de los destituidos.
- Restitución: El 23 de noviembre, tras conocer la orden judicial, Saquicela rechazó la “interferencia de la Función Judicial en la Función Legislativa” y ratificó la posesión para el 24. La medida cautelar surte efecto antes de consumarse un hecho y la destitución se consumó el 18, según el legislador. La tarde del 23 los cuatro consejeros sesionaron y se ratificaron en funciones, al amparo de la medida cautelar. Resolvieron devolver a la Corte Nacional de Justicia la terna para el concurso de la Judicatura.
- Posesión: El 24 de noviembre el Pleno de la Asamblea sesionó, pero ninguno de los consejeros suplentes asistió a la posesión (Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa, Jaime Chugchilán). Este último renunció. Tiene orden de privación de libertad por supuesta estafa. Olindo Natsacuaz sería el último de los candidatos de la lista de representantes de Pueblos y Nacionalidades. Este mismo día el PSC presentó denuncias penales contra los consejeros de mayoría por presunto fraude procesal y arrogación de funciones; otra denuncia en la Judicatura contra el juez Lindao por error inexcusable.
- Concurso Contraloría: Reformas al Reglamento de designación para e titular de esta institución fue una de las causales para el enjuiciamiento político contra los de la mayoría. Este 25 de noviembre, a las 17:00, culmina el periodo de postulaciones al concurso, que inició desde el 14. Hasta el 24 de noviembre se contabilizaban 15 postulantes que presentaron su documentación.
Antecedentes de pugnas
El analista Jordán evalúa que el deterioro de Ecuador como nación viene desde el 2017 pues desde ese año empezaron pugnas de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dice que este 2022 es uno de los periodos con mayor ingobernabilidad que ha tenido el país.
“Lo que estamos viviendo hoy es una pugna directa entre Ejecutivo y Asamblea, que arrastra a los diversos poderes del Estado. Hemos tenido pugnas de gobernabilidad, en el poder judicial y ahora nuevamente una pugna que se lleva al Cpccs, que no puede tener casi nada de gestión ni trabajo estable porque las crisis son permanentes”, señala.
La pelea entre las dos funciones en pugna es por controlar a las otras instituciones, por ejemplo, a la Contraloría porque “es la joya de la corona”.
En todo lo que se haga en el Cpccs “hay grandes intereses y detrás están el Ejecutivo y Legislativo para soportar, a través de acciones judiciales. Hay el riesgo de que se pueda revisar todo”, explica el analista.
El 24 de noviembre, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el Ejecutivo reconoce a los consejeros de mayoría porque existe una resolución judicial.
Jordán tiene una sospecha: “Ahora vemos que la voluntad del Ejecutivo, versus el Legislativo, por mantener a los consejeros destituidos fue para tomar acciones inmediatas como lo que pasó con la terna (del concurso de la Judicatura). Debe haber grandes intereses detrás porque va por la tercera terna”.
El Cpccs seguirá como una institución “de bolsillo”, al vaivén de los intereses del Ejecutivo y su posición, hasta mediados del 2023 porque la consulta popular que busca eliminar la facultad de designación de autoridades no será un proceso rápido.
Por lo pronto, la atención estará enfocada en una eventual apelación a la medida cautelar que benefició a los cuatro consejeros, concluye el analista político.
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