Con 85 votos a favor (15 más de los necesarios), el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).
La resolución se tomó cerca de la medianoche de este viernes 18 de noviembre del 2022, después de que los acusados presentaron sus pruebas de descargo y tacharon de ilegal al proceso. No podrán ejercer cargo público por dos años.
Los votos a favor provinieron, en su mayoría del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC). A ellos se sumaron asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) e independientes. También hubo 28 abstenciones, 2 en contra y 2 en blanco. El oficialismo se abstuvo.
Al momento de la votación hubo 117 asambleístas presentes, aunque desde Pachakutik, el legislador Édgar Quezada, había advertido que hubo tramos de la sesión que no tenía el quórum mínimo para desarrollarse; de hecho se instaló con 70 legisladores. Este juicio político, impulsado por el correísmo y el PSC, dividió al bloque del movimiento indígena.
El debate
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), fue parte de los 18 legisladores que intervinieron en el debate, antes de la decisión. Lo hizo para defender la legalidad del procedimiento y rechazar que los consejeros y hasta legisladores presentaran acciones de protección en la justicia ordinaria para tratar de frenar este procedimiento.
“Este juicio simple y llanamente es válido (…). Este juicio político es una obligación moral de la Asamblea Nacional sustanciarlo y resolverlo. Con el mayúsculo respeto para todos mis colegas asambleístas: basta de acciones de protección, no prostituyan la Ley, la Constitución ni las acciones de protección”, dijo.
Entre aplausos del bloque correísta, Saquicela responsabilizó a la Comisión de Fiscalización, encabezada por Fernando Villavicencio (ind) y donde opera una mayoría afín al oficialismo, de haber entregado fuera de plazo el informe y pretender “comerse” este proceso.
La falta de dicho informe sirvió para que los consejeros interpelados señalaran que se afectó su derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. Ulloa advirtió que acudirán a la justicia constitucional y a instancias internacionales.
“Si cualquiera de los asambleístas de este hemiciclo solicita se les puede también transmitir el informe de posturas. No porque no se hayan presentado en un informe conjunto por evidente deseo de la Comisión de Fiscalización de que esto se entorpezca, no existen”, mencionó el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres.
El correísmo y el PSC defendió la resolución con la que el Pleno resolvió llevar a juicio político a los cuatro consejeros, que fue planteado por Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del ala radical de Pachakutik, al tiempo que archivaron el pedido de interpelación que era impulsado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, asambleístas orgánicos de Pachakutik, en contra de todos los siete consejeros.
En el debate no intervino el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), quien una semana antes fue suspendido por 31 días por la mayoría opositora debido a una queja del correísmo. Tampoco habló la oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión.
Pedro Velasco, asambleísta del bloque oficialista e integrante de la mesa, remarcó que “no se podía segmentar” este juicio político en el Pleno.
Velasco rechazó que se haya archivado el pedido de interpelación a los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos, a quienes responsabilizó de haber cometido “la más grande ilegalidad” al haber destituido al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo.
Los interpelantes Mireya Pamiño y Ángel Maita se tomaron menos de 30 minutos de las dos horas que tenía cada uno para sustentar las causales para este juicio político. Tampoco ejercieron su derecho a la réplica, después de que los consejeros señalaron que se trata de una interpelación “a la carta, con dedicatoria y claros intereses partidistas”.
La consejera Rivadeneira denunció que este proceso está enmarcado “en una clara persecusión política. Quieren tomarse el control (del Cpccs) y elegir autoridades a dedo”.
Los interpelantes aludieron como causales a la reforma al reglamento para la designación del Contralor General del Estado en medio del concurso y falta de transparencia en el caso del Superintendente de ordenamiento territorial.
La sesión arrancó a las 14:45 y terminó a las 23:40 de este viernes.
La resolución fue aprobada en estos términos:
Artículo 1. Determinar que los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Gabriela Estupiñán y Francisco Bravo, incumplieron con las siguientes funciones constitucionales y legales, que debían ejercer en virtud de su cargo:
- a) Incumplimiento de su obligación constitucional de propiciar la transparencia en virtud del artículo 208 numeral 1 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 5 numeral 1 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- b) Incumplimiento de su obligación constitucional de garantizar la seguridad jurídica, en virtud del artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el artículo 11 numeral 9 ibídem.
Artículo 2. – Censurar y destituir a los cuatro consejeros por el incumplimiento de sus funciones.
Artículo 3. – Notificar con el contenido de esta Resolución al Ministerio de Trabajo, a fin de que bajo prevenciones legales, registre la censura y destitución de los cuatro consejeros y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el plazo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el artículo 85 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Artículo 4. – Notificar con el contenido de esta Resolución al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo prevenciones legales, que cualquier acto de privación arbitraria de recursos económicos para las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será objeto de la fiscalización y control político de esta Asamblea Nacional.
Artículo 5. – Recordar a la Función Judicial, que la presente Resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la Función Legislativa.
Artículo 6. – Notificar en legal y debida forma a las y los funcionarios públicos que han sido censurados y destituidos por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Artículo 7. – Notificar, con esta Resolución a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral, así como a los Consejeros que integran el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a todas las instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social.
Artículo 8. – Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, convoque de forma inmediata a las personas que deben reemplazar a los funcionarios públicos destituidos, en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de que tomen posesión del cargo.
Artículo 9. – Notificar con el contenido de esta Resolución a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control.
La respectiva convocatoria, también deberá extenderse a las personas que de conformidad con la ley, deben ocupar el cargo de Consejeros y Consejeras Suplentes del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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