La Reforma Tributaria del Gobierno podrá recaudar lo que estimaba desde el inicio: USD 1 900 millones en dos años. El envío de la normativa mediante el ministerio de la Ley implica que el proyecto original pase sin ningún cambio.
El miércoles pasado, tras la aprobación del informe para el segundo debate, el asambleísta Francisco Jiménez (Creo) estimó que los cambios representarían una reducción de al menos USD 750 millones.
Por ejemplo, el impuesto a la renta (IR) para las personas naturales se cobrará para aquellos con ingreso a partir de los USD 2 000 mensuales. Además, las empresas con patrimonios superiores a los USD 5 millones deberán contribuir con una tarifa del 0,8% por dos años.
La vigencia de la Reforma mediante el ministerio de la Ley se viabilizó el viernes pasado, cuando la Asamblea Nacional no tuvo los votos para aprobar o negar el texto.
La bancada del correísmo no votó por la moción de negar y archivar la Ley propuesta por la asambleísta Mireya Pazmiño. En consecuencia, no hay un pronunciamiento del Legislativo sobre el proyecto económico enviado por Guillermo Lasso con carácter de económico urgente.
El artículo 140 de la Constitución establece que si en el plazo señalado (30 días) la Asamblea no aprueba, modifica o niega el proyecto calificado de urgente en materia económica, el Presidente lo promulgará como decreto-ley.
El constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó lo que pasó el viernes. En la sesión se presentaron tres mociones. La primera fue sobre el informe de mayoría a cargo del asambleísta Francisco Jiménez (Creo). La moción fue negada.
La siguiente propuesta fue del socialcristiano Esteban Torres, quien planteó que se niegue el informe de mayoría y se pase a conocer el informe de minoría. Aquí un tema clave, según explicó Muñoz, es que la Ley de la Función Legislativa establece que para conocer el informe de minoría hay que negar el de mayoría.
Para Libia Rivas, experta en Derecho Parlamentario, la votación trascendental era la de la moción hecha por Mireya Pazmiño. Al no haber las voluntades para negar y archivarlo, se configuró el que entre por el ministerio de la Ley.
Sin embargo, el sábado el correísmo optó por asegurar que el proyecto sí fue negado. Paola Cabezas, jefa de ese bloque, insistió en que la propuesta de su bancada era el informe de minoría presentado por su coideario Carlos Zambrano.
“Tenía todos los elementos para ser aprobado”, dijo la legisladora. Añadió que el Gobierno, Pachakutik (PK), la Izquierda Democrática (ID) y Partido Social Cristiano (PSC) decidieron no apoyarlo.
Cabezas indicó que su bloque no se abstuvo, sino que no votó sobre la propuesta de Pazmiño. “El sistema de
la Asamblea cuando no se vota automáticamente salta como abstención”.
Sobre la vigencia mediante el ministerio de la Ley, el bloque correísta planea demandar la normativa por inconstitucional en caso de que pase por esa vía. Cabezas señaló que es el Gobierno de Guillermo Lasso el que deberá asumir el costo político.
Mientras tanto, el Ejecutivo ya planifica el envío de la Ley al Registro Oficial. El secretario de Comunicación del Gobierno, Eduardo Bonilla, dijo a este Diario que “en la Asamblea no se logró un consenso tanto para los informes de mayoría, minoría y archivo”. Puntualizó que, en ese escenario, tienen la potestad de publicar.
Para eso esperarán la certificación del Legislativo sobre el no pronunciamiento para enviarlo como decreto-ley. Esto ocurriría mañana.
En redes sociales se desató un fuerte debate sobre el rol de Unes en la votación del viernes pasado. Sobre esto, la jefa de bloque del correísmo dijo que ellos no podrían tener un pacto con un Gobierno que los ha maltratado.
El analista Pedro Donoso dijo que el costo para la bancada correísta podría ser muy alto. Para sus adversarios ideológicos, dijo, será fácil utilizar el hecho en su contra. Lo que podrían hacer, dijo, es posicionar el discurso de que hubo un pacto con el Gobierno.
¿Cómo le afecta? Donoso recordó que Unes está en un momento de recambio y sus militantes podrían ver el hecho con desconfianza. Además, se abre la posibilidad de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pugne por la representación del progresismo.
El impacto para el Gobierno, según Donoso, difícilmente podría ser negativo, incluso en medio de las acusaciones sobre un supuesto pacto. Consideró que el gran perdedor es Unes, que no gana nada a cambio.
La aprobación del proyecto ocurrió en medio de un escenario complejo para el Ejecutivo. Cualquier reforma en tributos solo se puede aprobar hasta el 26 de diciembre próximo. En caso de que la Ley no hubiese pasado, no le alcanzaba el tiempo para otro texto y se trata en 30 días.
