La creación de una nueva reserva de 60 000 km2 en Galápagos y la estructuración del Corredor Marino del Pacífico Este implican nuevos retos en términos de política exterior.
Para el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, esta decisión cambia la “historia geográfica del país” y coloca a Ecuador como líder de la iniciativa de canje de deuda, a cambio de conservación.
La nueva área protegida se dividirá en 30 000 km2 de zona de no producción pesquera, ubicada sobre la cordillera del Coco; y 30 000 km2 de zona de no palangre, localizada a continuación de la reserva marina de Galápagos, al noroeste.
¿Por qué el Gobierno impulsó esta medida? El Ministro señala que los montes submarinos que están bajo la nueva reserva se conectan con las Islas del Coco (Costa Rica), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá). En esta “carretera marina”, conocida como migravía, existe una vasta diversidad de especies marinas. “Ahora podemos decir que en nuestros límites geográficos tenemos un vecino como Panamá”, apuntó Manrique.
La decisión de Ecuador implica una reducción del área de pesca, pero eso forma parte de la estrategia para lograr el canje de deuda que permita financiar la protección de este ecosistema.
Manrique destaca que el sector pesquero y las organizaciones ambientalistas llegaron a un acuerdo. “Esto impacta al sector pesquero, pero aquí los pescadores han entendido que la conservación va de la mano con el desarrollo”.
Roque Sevilla, integrante del Grupo Futuro y uno de los proponentes del proyecto, recuerda que fue el Ecuador el gestor del corredor marino. Advierte que, con el impulso de los cuatro países, se está “conformando una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta”.
En términos de conservación-sostiene- la contribución es “excepcional”. Pero esa delimitación también generaría un incremento en la productividad marina para la pesca, en las zonas aledañas. “En los bordes de las áreas protegidas se produce abundancia de peces y eso favorece a la pesca”.
¿Pero qué pasará con la flota pesquera china que recorre las aguas cercanas a Galápagos?
Sevilla precisa que el Corredor Marino del Pacífico Este se encuentra dentro de las zonas económicas exclusivas de los cuatro países, no en el mar internacional, por lo que existe una limitación.
Según Manrique, en los meses que lleva el Gobierno de Guillermo Lasso no se han producido violaciones a la jurisdicción ecuatoriana en alta mar. Ofrece redoblar los controles para que los pesqueros no ingresen a las zonas protegidas por el país.
Sin embargo, analistas coinciden en que el Corredor Marino del Pacífico pudiera tener mayor incidencia en la comunidad internacional, para tomar acciones contra las flotas pesqueras de la China.
El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que con el Corredor Marino se requerirá un mayor control para resguardar la soberanía de esos espacios acuáticos. Cree que al actuar de manera conjunta los cuatro países se pudiera ejercer una posición conjunta de mayor alcance. “Este nuevo concepto inmediatamente genera una posición política mucho más sólida internacionalmente y de respeto a esos espacios que son ya protegidos y están ante los ojos del mundo”.
Sevilla menciona que se podría solicitar la presencia de inspectores a bordo, o que no se abastezca de combustible ni alimentos a los pesqueros.
Para Michel Levi, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, el Corredor Marino refleja un nuevo posicionamiento regional para la cooperación. “Se crea una lógica muy diferente a la que había antes, cuando el mar territorial era muy vinculado a la geografía de un país. Pero en este caso hay vínculos a través de cuatro espacios insulares”. Destaca que este corredor muestra el surgimiento de una nueva alianza, cuyo objetivo es la conservación.
Esta iniciativa empezará a tomar forma a partir de mediados de diciembre o principios de enero del 2022. En esos meses se prevé que el presidente Lasso suscriba el decreto que crea la nueva área protegida de las islas Galápagos.
Se espera que esté operativa, a mediados del 2022. A la par, avanzarán las negociaciones para concretar el canje de deuda, para analizar las ofertas que más convengan al Ecuador.
Según Manrique, el Ejecutivo ha mencionado propuestas de canje por USD 1 110 millones, a través de bonos.
Con esa perspectiva, el rango probable que se obtendría para tareas de conservación de Galápagos oscilaría entre USD 12 y 18 millones anuales.