Junto a sus abogados y su esposa, Patricia Schettini, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se presentó a la Comisión de Fiscalización este martes 31 de agosto de 2021. Lo hizo, a pesar de que permanece detenido por supuesto abuso sexual en la cárcel 4 de Quito.
Carrión logró que esta mesa parlamentaria le permitiera incluir nuevas comparecencias y hacer preguntas a quienes acuden por el juicio político que impulsan en su contra los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática.
Como parte de las pruebas de descargo requirió que también participaran el vicepresidente del Consejo de Participación (Cpccs), David Rosero; Milton Castillo, exfuncionario de la Defensoría en Galápagos; y de la perito Nora Mantilla.
En la víspera un juez de Quito no dio paso a unas medidas cautelares solicitadas por sus defensores, en contra del proceso que por supuesto incumplimiento de funciones se sigue en la Fiscalía.
“Mi esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político. Puedo asegurar que no hay indicio que indique el supuesto delito de agresión sexual en contra de mi esposo”, dijo Schettini.
La mujer consideró que Carrión fue objeto de una trampa para sacarlo de la Defensoría del Pueblo por sus actuaciones frente a la pandemia y al paro de octubre de 2019.
Aseguró que la reunión del funcionario con el exministro de Salud, Mauro Falconí, el pasado 16 de mayo -y que terminó con la detención de Carrión después de un altercado- no fue clandestina.
En relación a los USD 47 000 dólares que halló la Policía el día de los hechos en el departamento donde tuvo lugar la reunión, Schettini aseguró que no le pertenecían a su esposo sino a Falconí y que el 23 de junio pasado pidió a la Fiscalía que investigue.
“Los 47 000 son de Mauro Falconí. La persona que trató de retirar el dinero era la prima de la víctima de supuesta violencia sexual”, insistió.
A su turno, Rosero corroboró que Carrión fue designado como titular de la Defensoría por el Consejo de Participación transitorio por cinco años, desde el 10 de abril de 2019.
Manifestó que este organismo no puede nombrar a un subrogante. “Es potestad del Defensor del titular, efectivamente, de acuerdo a las propias facultades que le otorga la Ley de la Defensoría determinar quién es la autoridad subrogante en este caso”, mencionó.
Mientras, Milton Castillo afirmó que, en su caso, fue destituido ilegalmente como delegado de la Defensoría por la subrogante, Zaida Rovira, a pesar de que Carrión la había cesado.
“Por ser prisión preventiva, sigo en ejercicio de mis funciones, no hay incapacidad como afirmó (la subrogante Zaida) Rovira”, remarcó Carrión.
El Defensor también cuestionó que la fiscal General, Diana Salazar, desechara un informe realizado por la perito Nora Mantilla, donde se determinó que los videos de los hechos “han sido cortados”. La perito fue demandada por Salazar por infringir el reglamento de peritos, pero la experta defendió su trabajo ante la Comisión.
El Defensor tendrá tres horas, por su cuenta, para sus descargos en la Comisión de Fiscalización este viernes. Mañana miércoles 1 de septiembre está prevista la comparecencia de la Fiscal General.
Al término de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Carrión brindó unas palabras a los medios de comunicación. Ahí un periodista le preguntó al Defensor del Pueblo si él fue drogado en el departamento de Mauro Falconí.
“Completamente (…). Lo manifiesto ya a la prensa. Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente, porque he sido al único que se practicó un examen toxicológico, aparezca que no tengo ni siquiera un grado de alcohol. Tiene que haber existido algo que me pusieron porque es imposible que yo no recuerde lo que sucedió después de haber tomado dos copas de vino”, dijo Carrión.
Y agregó: “Tomen en cuenta una cosa, este señor Falconí, es médico, sabe lo que puede hacer. Y para que en el examen médico-legal no se me presente nada ya es para sospecha”.
Carrión contó que el 13 de mayo, dos días antes del incidente, se reunió con el exministro de Salud Falconí en su oficina. Ahí el galeno supuestamente le habría contado sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Lenín Moreno. Entre estos está que la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, se habría sustraído vacunas contra el covid-19; supuestos actos de corrupción en el Sercop de un “amigo” del entonces presidente Lenín Moreno; y que supuestamente la fiscal General, Diana Salazar, y la exministra de Gobierno María Paula Romo mantenían comunicación sobre qué hacer en materia penal.
“A tal punto que yo era el objetivo. Textualmente me dijo: ‘hay que bajarse al Defensor del Pueblo porque no le vamos a perdonar de que haya puesto una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente de la República’ (…)”, afirmó Carrión.