Con tres votos a favor y una abstención, el Comité de Ética recomendó al Pleno de la Asamblea la destitución de Guadalupe Llori, de Pachakutik, por el supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores. El informe fue aprobado este jueves 17 de noviembre del 2022.
El expediente será enviado este viernes 18 de noviembre al presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (ind.), para que convoque a sesión de los 137 legisladores para una resolución. Así, el futuro de Llori dependerá de una mayoría calificada (92 votos).
Para la aprobación de esta recomendación, se impuso una mayoría compuesta por Marjorie Chávez (PSC), Luisa González (Unes) y Dalton Bacigalupo (ID). El asambleísta de Pachakutik y presidente del Comité, José Chimbo, se abstuvo. El oficialista Freddy Rojas no asistió a la sesión.
Chimbo planteó recomendar al Pleno el archivo de esta causa, lo que fue rechazado por la mayoría del Comité. A su criterio, en el proceso de investigación, no se logró demostrar “con pruebas documentales, testimoniales ni periciales” la denuncia presentada en contra de Llori por Johana Ortiz, asambleísta del correísmo.
Chávez, González y Bacigalupo presentaron otras conclusiones. Señalaron que Llori se benefició del arrendamiento de un vehículo de alta gama para transportarse los fines de semana y en horarios inusuales, cuando ejerció la Presidencia de la Asamblea, lo que habría sido costeado con parte de los sueldos de sus colaboradores.
“¿A caso se necesita de un documento para un acto ilegal? Había una relación de poder”, replicó Chávez al presidente del Comité. Basada en las versiones de dos excolaboradores de Llori, apuntó que dicha disposición habría sido ejecutada por Gloria Larenas, exadministradora General y persona de confianza de Llori. “Es imposible que ella no haya conocido”.
“La asambleísta Llori debe ser destituida por el Pleno porque así lo reclama la ética pública”, enfatizó Bacigalupo.
Denuncian amenazas
A su vez, el delegado de la ID mencionó que en el desarrollo de la investigación los integrantes del Comité recibieron amenazas del abogado de Llori, Julio César Sarango, de que se enfrentarán a una suerte de justicia por mano propia. “Es intolerable. Escandaloso. No se puede amenazar de manera tan burda”, dijo.
Bacigalupo reveló que una de las funcionarias que dio su testimonio contra Llori también fue objeto de amenazas y que requirió protección del presidente de la Asamblea. “Rechazamos las amenazas vengan de donde vengan”, enfatizó Chimbo, una vez que se conoció la denuncia por escrito.
Por medio de su cuenta de Facebook, Sarango reaccionó: “Falso de falsedad absoluta, la insinuación maliciosa o temeraria, que yo haya amenazado, quieren angustiar a la defensa. No es costumbre amenazar, siempre me pronuncio en derecho”.
Tras una denuncia de incumplimiento de funciones impulsada por el correísmo y el PSC, Llori fue removida de la Presidencia de la Asamblea con 81 votos, el 31 de mayo pasado, pero conservó su curul.
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