El Comité de Ética de la Asamblea calificó este lunes 24 de octubre las pruebas de cargo y de descargo para investigar a Guadalupe Llori, de Pachakutik, por una denuncia de Johanna Ortiz, asambleísta del correísmo.
Las mociones fueron presentadas por Luisa González, coidearia de Ortiz, y la socialcristiana Marjorie Chávez, dos de las cinco integrantes del Comité, y se aprobaron por unanimidad de los presentes.
Entre las pruebas calificadas constan videos de seguridad, bitácoras e informes de la Escolta Legislativa, con las que Ortiz busca demostrar que Llori incurrió en cobros indebidos al personal para movilizarse mientras ocupó la Presidencia de la Asamblea, entre mayo 2021 y mayo 2022.
En su defensa, Llori requirió documentos sobre las delegaciones que hizo al área de la Administración General, Talento Humano, entre otros.
Como parte de esta investigación serán llamados a comparecer exfuncionarios legislativos y la exadministradora General, Gloria Larenas.
El presidente del Comité, José Chimbo, planteó que se excluya de las pruebas a un CD entregado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a Ortiz, debido a que no pudo ser leído por un problema informático.
El Comité no dio paso al pedido del abogado de Llori, Julio César Sarango, para que se declare la nulidad de esta investigación.
“Hoy vienen a juzgarla como asambleísta, cuando los supuestos hechos cometidos por los cuales la denuncian fueron cuando ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, esto viola el principio contemplado en el Art. 76, numeral 3 de la Constitución”, dijo Sarango.
Ortiz replicó que, independientemente de que Llori haya sido electa como Presidenta, en ningún momento pierde su calidad de asambleísta, ni está por encima de la Ley.
De acuerdo con el cronograma del Comité, se prevé la entrega de un informe para resolución del Pleno en los primeros días de noviembre. Llori fue destituida de la Presidencia de la Asamblea con 81 votos el 31 de mayo, pero se mantiene como legisladora.
Caso Abad
Mientras tanto, el coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, informó que este martes la bancada se reunirá para, entre otros temas, analizar la situación de su coideario, Joel Abad, quien enfrenta acusaciones de cobros indebidos o diezmos a sus colaboradores.
Abad, en una entrevista radial, el viernes pasado, reconoció haber participado de conversaciones para un “fondo solidario”, pero negó haber recibido las contribuciones.
La Comisión Anticorrupción emitió este lunes 24 de octubre de 2022 un comunicado, donde hizo un llamado a la Asamblea a “sancionar de manera inmediata” al asambleísta de Cañar.
“La solicitud de recursos económicos a colaboradores del asambleísta Joel Abad –conforme a una denuncia pública– bajo la figura de ‘cuenta solidaria’ es causa para que se sancione inmediatamente, por parte de la Asamblea, al mencionado legislador”, señaló.
La organización civil puntualizó que “cualquier conducta impávida o silente frente al comportamiento del asambleísta Abad seguirá deslegitimando a la Función Legislativa”.
Para que el Comité de Ética investigue este caso se requiere de la presentación de una denuncia por escrito, recalcó su presidente, José Chimbo (PK).
El numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisa que los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.
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