En Ecuador, conocer si el narcotráfico o el crimen organizado están financiando las campañas electorales de los partidos políticos aún es un misterio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admite que no cuenta con dicha información, pues sus controles para detectar el dinero ilegal en los procesos electorales todavía están en fases de adaptación.
Así lo indicó Fidel Ycaza, coordinador nacional de participación política de esa institución. En una entrevista con EL COMERCIO, el funcionario dijo que existe una “serie de medidas” que se han implementado para controlar que las campañas electorales no tengan financiamientos ilegales.
Parte de esos filtros es un reporte quincenal que los partidos políticos deben entregar al CNE durante la campaña electoral. En el caso de las próximas elecciones seccionales para alcaldes y prefectos, el control del financiamiento se iniciará el 3 de enero de 2023.
Ese día empieza oficialmente la campaña electoral, que se extenderá hasta el 2 de febrero de 2023. Pero esos registros, que deberán contener el nombre de la persona que contribuye, su cédula y la cuantía, no serán fiscalizados de forma inmediata. Para determinar el origen del dinero y el uso que tendrá dentro de las organizaciones políticas, el CNE deberá realizar un análisis con la información de otras instituciones.
En esa lista están el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Consejo de la Judicatura, entre otros.
Pero ese proceso puede durar hasta dos años después de las campañas electorales. De hecho, este registro quincenal ya se lo instauró en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2021. Hasta ahora, 18 meses después, aún no se conocen los resultados de esa fiscalización.
Lo único que Ycaza informa es que no han tenido, hasta el momento, alertas de irregularidades en dicho proceso. Lo mismo menciona cuando se le pregunta sobre si el CNE ha sido alertado de posibles financiamientos ilegales en las próximas elecciones.
El Gobierno, en cambio, sí ha denunciado la inmersión del crimen organizado y el narcotráfico con acciones políticas. Incluso, la Fiscalía tiene abierta una investigación por un presunto financiamiento de las mafias en las últimas manifestaciones.
De allí que la UAFE es una de las instituciones que debe velar por evitar que el dinero ilícito de las redes ingrese en la próxima campaña. El trabajo de este ente es reservado, pero dentro del CNE cuenta con una unidad antilavado.
Trabajan cinco funcionarios y son ellos los que realizan el proceso de fiscalización; no se conoce si han hallado irregularidades.
Falta de conexión
Para Daniel González, analista electoral, esta falta de información sobre los procesos de fiscalización se dan porque no existe un sistema de interconexión entre el CNE y las otras entidades que tienen información de los contribuyentes.
Según el experto, el CNE ha tenido dos años para implementar el método, pero hasta ahora no lo ha ejecutado. “Lo que hace el CNE es evadir una responsabilidad que está en el Código de la Democracia. Han tenido el suficiente tiempo para implementar este sistema”.
La estrategia de la que habla González es un mandato que se incorporó en 2020 en el art. 211 del Código de la Democracia. Señala que el “CNE desarrollará un sistema de interconexión de datos que permita recabar la información depositada en cualquier organismo público o privado, referente al financiamiento político, sin perjuicio de las limitaciones legales existentes relativas a la privacidad, propiedad intelectual y seguridad integral”. El CNE ha mencionado que se encuentra vigente, pero no en su totalidad. Hay sistemas que deben acoplarse para tener un mejor cruce de información.
13,4 millones de ecuatorianos podrán votar. Hay 276 agrupaciones inscritas: seis partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 67 provinciales, 173 cantonales y 19 parroquiales.
Elecciones 2023
Un total de USD 97,3 millones asignó el Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones seccionales. Parte de ese monto será designado para controles de los partidos políticos.
Una de las herramientas que se implementarán en este nuevo proceso electoral es la contratación de un monitoreo de medios. La idea es que una empresa vigile los gastos de las agrupaciones.
El Estado también estará a cargo de coordinar la asignación de recursos para financiar los convenios establecidos con la Policía, Fuerzas Armadas, Instituto Geográfico Militar y Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
En mayo, el CNE aprobó las solicitudes de 61 personas para conformar la veeduría ciudadana para el proceso de verificación de postulaciones de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana.
