Contraloría: personal de la expresidencia, gabinete ministerial y personas que no correspondían a la fase 0 de vacunación fueron inmunizadas
La irregularidades en el plan de vacunación corresponden a la fase 0, durante la presidencia de Lenín Moreno. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La Contraloría detectó irregularidades en la aplicación de vacunas contra el coronavirus, que fueron adquiridas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la fase 0 o plan piloto, a través de dos acuerdos y un contrato con proveedores.
El informe de auditoría DNA6-0018-2021 detalla que el primer acuerdo que concretó el MSP se dio el 18 de septiembre del 2020 con GAVI Alliance de la iniciativa Covax, para la adquisición de siete millones de dosis con un precio unitario de USD 10,55. En total, costó USD 74,4 millones, con un pago inicial de USD 11,2 millones, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un segundo contrató se celebró un mes después, el 29 de octubre del 2020, con AstraZeneca por 5 millones de dosis, pero su valor unitario fue tres veces más barato: USD 4. Esta compra fue de 20,1 millones.
El tercer acuerdo se realizó con la estadounidense Pfizer por 1,9 millones de dosis, con un valor superior a la adquirida mediante la iniciativa Covax y AstraZeneca. Cada unidad costó USD 12, con un total para pagar de USD 23,9 millones.
Por disposición de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, los frascos de vacunas de seis dosis fueron transportados desde los centros de distribución hacia los puntos de vacunación definidos por la empresa Difare. Esto último como un aporte privado dentro de la alianza público-privada, que se dio en el gobierno del expresidente, Lenín Moreno.
Por otra parte, el listado de personas a vacunarse en la fase 0, según detalla la Contraloría, fue elaborado por cuatro entes: ISSFA, ISSPOL, IESS y MSP. Incluso fue validado por personal de cuatro instancias de Salud, incluido, un consultor del BID.
Pese a toda esta validación previa, el ente de control observó que, en el período analizado, entre el 1 de agosto del 2020 y el 17 de marzo del 2021, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito, se movilizó un equipo de vacunación para administrar 102 dosis personas, que no formaban parte de la fase 0.
El informe detalla que 36 dosis fueron otorgadas a nueve personas que viven y trabajan en relación de dependencia en el Edificio Rivera del Río Seniors Suites, según la información proporcionada por su administradora.
Otras 33 dosis se aplicaron a 18 personas que no tienen ningún vínculo con el Hospital de Los Valles, de acuerdo con la información entregada por la gerente de esta casa de salud privada.
La lista se extiende a 15 dosis colocadas a ocho miembros del gabinete ministerial y sus respectivos cónyuges. Se trata de exautoridades del régimen del expresidente, Moreno.
De 18 dosis adicionales, seis recibieron las dos dosis y seis solo una dosis. Este personal era de la Presidencia.
El exdirector del Pablo Arturo Suárez alegó que no le pidieron por vía oficial escrita, sino verbalmente y, peses a múltiples insistencias, no le remitieron las listas de personas oficialmente.
Los auditores de la Contraloría, no obstante, reconocen que la movilización del equipo de vacunación se lo realizó con base en las disposiciones recibidas, desde el despacho del MSP.
El segundo hallazgo de Contraloría: La exsubsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud Pública y un exasesor/gestor de Gobierno solicitaron por correo electrónico que se vacune a 15 adultos mayores de más de 80 años, según un listado proporcionado por la representante de la asociación público-privada.
Con dicho pedido se procedió a inmunizar en el Centro de Salud de Chimbacalle, en el centro norte de la capital, a nueve adultos mayores con la primera dosis, a pesar de no vivir en centros gerontológicos. La exsubsecretaria negó haber solicitado estas vacunaciones, lo cual no fue aceptado por los expertos auditores.
Estas inmunizaciones, gracias a la orden de funcionarios públicos, se efectuaron fuera de la fase que les correspondía a las personas de la tercera edad.
En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, la Contraloría responsabilizó al exgerente de haber autorizado la vacunación a dos personas que no formaban parte del grupo sanitario de primera línea.
La Contraloría establece que los servidores involucrados incumplieron el Plan de Vacunación para prevenir la Covid-19 Ecuador 2020-2021, versión del 21 de enero del 2021, que fue publicada en el portal: www.planvacunarse.ec
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