10 personas son señaladas por gestión irregular en bodegas del Ministerio de Educación

Más de un millón de glosas por irregularidades en la administración de inventarios de las bodegas de la Coordinación Zonal 1 de Educación. Foto: Ministerio de Educación.

La Contraloría General del Estado confirmó este 24 de marzo del 2023 la responsabilidad civil de 10 personas que participaron en la compra de equipamiento para unidades educativas, como funcionarios del Ministerio de Educación.

La ausencia de mecanismos de control para administrar los inventarios de la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación ocasionó que se desconozca la cantidad de bienes disponibles en las bodegas institucionales. Las falencias derivaron en la confirmación de responsabilidades civiles por más de un millón de dólares.

El proceso de compra se realizó entre enero del 2017 y diciembre del 2020, periodo en el que las 10 personas estaban a cargo de la adquisición para los establecimientos de la Zonal 1. Las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos corresponden a esa Coordinación.

La glosa asciende a USD 1 263 334 de dólares. Corresponde a la diferencia entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos.

La Contraloría detectó las irregularidades durante la ejecución de un examen especial, entre otras operaciones, que analizó 24 contratos por régimen de emergencia. Esos contratos fueron para equipar unidades educativas que resultaron afectadas por el terremoto de 2016, en Esmeraldas.

La Contraloría estableció que los directores, analistas, coordinadores y administradores de contratos de la Zonal no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales.

No hubo un sistema adecuado para administrar el inventario de bienes. Hubo controles insuficientes en los procesos de entrega-recepción de materiales adquiridos por emergencia.

Todo eso, más la falta de levantamientos físicos, dificultaron conocer la cantidad y el monto de los recursos disponibles en las bodegas de la entidad, según la Contraloría.

Precios de bienes injustificados

La auditoría determinó que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de un análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad.

Por tanto, los precios de los bienes se incrementaron injustificadamente hasta en un 133%. Eso refleja pagos en exceso de USD 148 930.

Los informes de viabilidad y términos de referencia de las contrataciones se elaboraron sin información suficiente que justifique la cantidad de bienes necesarios para solventar la emergencia.

Tampoco se consideró el tamaño de la infraestructura, niveles escolares, capacidad física y operativa. Ni la cantidad de estudiantes y de personal docente y administrativo. En la documentación tampoco se detalló la cantidad de bienes que se asignarían a cada unidad educativa.

No se justificó la selección de los proveedores invitados a participar. Durante la fase de calificación, no se verificó que los oferentes cumplan con la experiencia general, establecida en los pliegos del proceso.

Además, no se confirmó que las actividades económicas de los contratistas sean compatibles con los objetos contractuales. Eso llevó a que no se garantice la participación de proveedores con la capacidad de entregar los bienes requeridos por la Coordinación Zonal.

Recurso de revisión

La Contraloría indicó que las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa.

Es decir, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.


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