El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), y otros de sus nueve integrantes, empezaron a definir posiciones sobre el trámite del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso este jueves 30 de marzo del 2023.
Una vez que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) remita el expediente, esta mesa tendrá 30 días para entregar un informe para el Pleno, en donde una posible censura y destitución de Lasso dependerá de una mayoría calificada (92 votos).
Villavicencio advirtió que en la Comisión “no va a gobernar el carga montón de los votos” y anticipó que pedirá “todas las pruebas de oficio necesarias para llevar adelante un juicio político sustanciado y serio”. “Aquí no van a venir con audios que aparecen en redes sociales”, enfatizó.
La oficialista Ana Belén Cordero es vicepresidenta de la mesa. “Únicamente deberemos tramitar las pruebas referentes al presunto -y disparatado- peculado que hubiese cometido el Presidente de la República por un contrato que se suscribió en 2018 en la época de Lenín Moreno, y que la Contraloría se pronunció en su momento”, dijo.
Votos divididos
La toma de decisiones depende de una frágil mayoría de cinco votos, de los cuales la oposición legislativa liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC) -y que impulsa la interpelación de Lasso- controlan cuatro. Bruno Segovia, exintegrante de la bancada de Pachakutik, no siempre vota con ellos.
El oficialismo, por su lado, ocupa tres puestos y el voto de Villavicencio ha resultado dirimente en algunos procesos. Las autoridades de la Comisión advirtieron que existe un vacío en la ley, en caso de que no se logre aprobar el informe al momento de recomendar si se da paso al enjuiciamiento político contra Lasso o archivarlo.
Pedro Velasco, asambleísta de la bancada oficialista, aseguró que el informe que arroje la Comisión “sea que tenga votos a favor o en contra tiene que obligatoriamente llegar al Pleno de la Asamblea”.
“Tiene que entender el país que el juicio político en esencia se sustancia en el Pleno de la Asamblea”, acotó.
Procesos pendientes
La mesa se mantiene entrampada desde hace más de dos semanas, luego de que los asambleístas de Pachakutik Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas retiraron la solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores, y el exministro del Interior, Patricio Carrillo.
Entre ayer y hoy, Villavicencio ha cancelado por dos ocasiones la sesión en la cual se tenía previsto adoptar una resolución para el archivo de esta causa. Hizo una nueva convocatoria para este viernes 31, a las 15:00, en modalidad virtual.
Además, están pendientes de trámite otros pedidos de interpelación contra el ministro de Transporte, Darío Herrera, y el ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, que fueron calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
El segundo vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira (PK), y la oficialista Nathalie Arias, vocal del CAL, coincidieron en que esta Comisión deberá priorizar el tratamiento del juicio político a Lasso, una vez que reciba el expediente, algo que se prevé para este viernes.
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