La jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, declaró fallida la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto peculado en el caso Isspol.
La diligencia estaba prevista a las 09:30 de este lunes 17 de octubre del 2022, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Sin embargo, no se desarrolló porque faltó, por un tema de salud, la defensa de uno de los 10 procesados en este caso.
La magistrada dispuso que la audiencia se instale el próximo año. Específicamente, a las 09:00, del 9 de enero del 2023.
En la etapa preparatoria de juicio, la Fiscalía debe detallar los indicios que ha recopilado para sustentar su acusación en contra de los imputados. La defensa de los procesados también podrá exponer sus argumentos. Al final, la Jueza debe decidir si los llama o no a juicio.
¿Qué se investiga en este caso?
La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en operaciones financieras de inversión que afectarían los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Se indaga la negociación de USD 216 205 046 en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol, una empresa ofertante de bonos, y dos suscriptoras de contratos.
Otros diferimientos
No es la primera vez que esta audiencia se pospone. La instrucción fiscal de este caso se cerró en octubre de 2021. Por lo tanto, ya ha pasado un año y aún la Fiscalía no ha podido emitir su acusación contra los procesados.
Inicialmente fue convocada para el 16 y 17 de diciembre del 2021. Pero el año pasado no se instaló. Otro diferimiento se dio el 21 de julio por pedido de uno de los abogados de los procesados, pues aseguró que esa audiencia se cruzaba con otra diligencia judicial prevista con anterioridad.
Renato González, director actual del Isspol, criticó las demoras en este proceso judicial. A través de su cuenta de Twitter dijo: “La nueva fecha es el 9 de enero del 2023, sí nuevamente tres meses después, para que de seguro se presente otra novedad por la cual se suspenderá. Desde el 2014, con el COIP, el sistema penal y procesal penal están estructurados para fomentar la impunidad y juzgar ágilmente delitos de opinión”.
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