El FMI alerta sobre un aumento de los riesgos para l…
¿Qué armas nucleares tácticas desplegará Rusia en Bi…
Macri anuncia que no se presentará a las elecciones …
Ecuador recuerda a 'Chabelo' por el programa La Cara…
Pago de utilidades en cuotas continúa vigente este 2023
¿Por qué en la vía Alóag - Santo Domingo hay tantos …
Delincuentes roban vehículos de concesionaria en Quito
Protagonista de Harry Potter espera su primer hijo

Dos asambleístas de Pachakutik dicen que se modificó informe de Pandora Papers

La Comisión de Garantías Constitucionales emitió un informe de mayoría y otro de minoría sobre el caso Pandora Papers. Foto: Twitter Comisión de Garantías Constitucionales

La controversia sobre la aprobación del informe en el caso ‘Pandora Papers’ suma otro capítulo. Dos de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales señalaron que se hicieron cambios en el documento minutos antes de la aprobación, y el oficialismo anunció que acudirá a la Fiscalía.

Édgar Quezada y Sofía Sánchez, asambleístas de Pachakutik e integrantes de esta mesa, denunciaron que el texto fue aprobado sin contar con las pruebas de supuestos vínculos del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales. Las reacciones continuaron este martes 9 de noviembre de 2021.

A pesar de que Quezada votó a favor, ambos legisladores concordaron en que no estaban de acuerdo con que en el informe para el Pleno se incluyera a último momento una recomendación orientada a una posible destitución de Lasso por “conmoción interna”.

“Lo que se acordó es que sea el Pleno de la Asamblea quien decida con la información que le enviaba la Comisión porque no existe un solo documento que sustente de manera fehaciente esa recomendación”, dijo Quezada.

Sánchez rechazó, además, que su coideario, José Cabascango, presidente de la Comisión, sometiera a votación esta resolución, sin un debate y que no diera paso a su pedido para que se aprobara punto por punto cada una de las recomendaciones.

“Si llegó una prueba a la Comisión, nosotros debíamos primero conocer esa prueba (…). Justamente hoy yo voy a solicitar por escrito que ese anexo nos hagan conocer para ver cuáles son las pruebas que argumenta este informe tan extenso de 241 hojas”, manifestó Sánchez.

El informe fue aprobado con seis votos a favor (cuatro de correísmo y dos de Pachakutik), dos en contra (del oficialismo) y la abstención de Sánchez, el viernes pasado. El texto no tiene el carácter de vinculante para el Pleno.
Johana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) y vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), consideró que “esto debería investigarse porque el Pleno de la Asamblea no puede conocer un informe que se encuentre viciado”.

Sin embargo, Cabascango defendió el documento frente a las críticas de sus colegas: “si los asambleístas no están pendientes de las sesiones, no es responsabilidad ni del Presidente ni del equipo asesor de la Comisión”.

Oficialismo alista denuncia  

Juan Fernando Flores, jefe de bloque de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, anunció que el Gobierno presentará una denuncia en contra de asambleístas del correísmo y de seis de Pachakutik, quienes intentarían desestabilizar la democracia.

“No es algo nuevo, ya lo vimos anteriormente en otras votaciones, ya hemos visto las intenciones que tienen de esa misma manera, así que no es sorpresa. A quienes deben responder no es a nosotros, sino al pueblo ecuatoriano”, dijo.

Sin dar nombres, Flores no descartó que estos grupos guarden relación con “otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país”, fuera del Parlamento, y así “generar la inestabilidad del país para tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer: destituir al Presidente de la República”.

“Son varias personas que no solo tienen que ver con sectores que están dentro de la Asamblea Nacional, sino fuera de ella y que, además, ya públicamente han amenazado de alguna manera al Gobierno”, insistió.

El asambleísta del correísmo Ronny Aleaga emplazó al Gobierno a que presente las pruebas. “Lo que hacemos es utilizar las herramientas constitucionales y legales que están previstas en la ley y a eso no se lo puede llamar desestabilización”, puntualizó.