La Asamblea aprobó la noche del viernes 15 de mayo del 2020 la Ley Humanitaria con 74 votos. La ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas no alcanzó los votos necesarios dentro de la sesión del Pleno. Foto: Archivo/ Patricio Terán/ EL COMERCIO
La tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional alcanzó el viernes 15 de mayo del 2020 su punto más crítico, por el trámite de las leyes económicas urgentes que envió el Ejecutivo para paliar la crisis económica del covid-19. Solo una de las dos normativas fue aprobada a un día de que feneciera el plazo para que entraran por el ministerio de la Ley, es decir, sin cambios.
Con 74 votos de entre 137 asambleístas presentes, la Asamblea aprobó la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del covid-19. El texto excluye las contribuciones de empleados y empresas para paliar la crisis, conforme lo pidió el presidente Lenín Moreno para allanar el camino a los consensos. También quedó afuera el capítulo relacionado con una cuenta humanitaria.
El presidente de esta Función, César Litardo, agradeció a los parlamentarios por haberse pronunciado “en respeto irrestricto a la democracia” sobre este proyecto. Los votos provinieron de las bancadas de Alianza País, Creo e independientes.
También hubo 59 votos en contra y tres abstenciones, en su mayoría de las bancadas del correísmo y el Partido Social Cristiano. Litardo cerró de inmediato la sesión y no se presentaron reconsideraciones.
La votación se dio cuatro horas después de que concluyera el segundo y definitivo debate, del que participaron 73 legisladores, en dos jornadas que se dieron entre jueves y viernes.
De aquí, los dos proyectos aprobados van al Ejecutivo, que tiene 30 días para presentar sus observaciones.
Mientras tanto, la Ley económico urgente para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas no logró los 70 votos que requería para ser aprobada en el Pleno de la Asamblea este 15 de mayo del 2020. La norma solo logró el apoyo de 67 legisladores.
La moción de archivo de la ley no pasó. El presidente de la Asamblea suspendió la sesión y la convocó para este sábado 16 de mayo a las 10:00, donde se podría reconsiderar el archivo.
En la Asamblea había criterios de que el plazo fenecía el viernes a las 00:00, y no a la medianoche del sábado. De ahí que se convocaron para realizar las votaciones y, así, evitar que las leyes entraran por el Ministerio de la Ley, es decir, tal como las había enviado el Ejecutivo.
Los entretelones
Los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo mantuvieron su oposición a la Ley de Apoyo Humanitario y a la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, pese a los ajustes realizados en estos proyectos.
“Si seguimos tomando malas decisiones, se va a complicar la institucionalidad no solo del Ejecutivo, sino también la de la Asamblea y, paralelamente, la de los ciudadanos sin respuestas”, dijo el coordinador del socialcristianismo, Vicente Taiano. “No es momento para más fallos”, agregó.
En la víspera, el presidente Lenín Moreno había pedido que se dejara al capítulo de las contribuciones por fuera del proyecto de Ley Humanitaria, para que se apruebe el resto de componentes que incluyen acuerdos laborales urgentes entre empleadores y trabajadores.
El viernes la ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que la decisión del Mandatario apuntó a que en el Parlamento se sumen esfuerzos para “salvar los empleos”.
“En la Ley de Apoyo Humanitario hay dos grandes ejes, dos grandes conceptos: el uno es la solidaridad, el esfuerzo compartido para alimentar un fondo para alimentación y para apoyar a las empresas, pero también hay un aspecto muy importante en esa ley, dar herramientas para que empresarios, emprendedores, cualquier persona pueda poner a los acuerdos en el centro de la resolución de los problemas”, dijo Romo en una entrevista transmitida por PlanV.
“Tenemos una cantidad de normas que probablemente sean imposibles de resolver en estos días. Le pasa a mucha gente para pagar sus arriendos y no hay una norma que permita reprogramar, aplazar, llegar a un acuerdo con el arrendatario, el empleador, o el acreedor, por eso los acuerdos son importantes”, explicó Romo.
El ministro de Inclusión, Iván Granda, apuntó que el país requiere de “un gran pacto por el empleo” y rechazó que algunos políticos piensen “en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones”.
La asambleísta del correísmo Marcela Aguiñaga, tras calificar a los proyectos como “paños de agua tibia”, consideró que el presidente Moreno está “contra el tiempo” para convocar a “un gran diálogo nacional” frente a la crisis.
Sin embargo, Homero Castanier, del bloque de Creo, sostuvo que el Ejecutivo deberá centrarse en conseguir financiamiento externo para enfrentar la crisis.
“No estaremos de acuerdo con ponerle más impuestos a la familia ecuatoriana, a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas. Después de salvar vidas, la prioridad es salvar empleos”, dijo en sus redes sociales Guillermo Lasso, líder de Creo.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), manifestó que no volverán a dialogar con el Gobierno y convocó a plantones el lunes en la Asamblea.
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