La nueva propuesta privilegia establecer “acuerdos entre deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos” Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El Gobierno se vio obligado a dar un paso atrás en el trámite de la Ley de Apoyo Humanitario y pidió que se elimine el capítulo de las contribuciones para enfrentar la crisis económica del covid-19. Todavía así, hasta el jueves 14 de mayo del 2020 no estaban asegurados los 70 votos para la aprobación del proyecto en la Asamblea Nacional.
La intención del Ejecutivo era que esta norma permitiera recaudar USD 1 418 millones con aportes temporales de empleados y empresas para paliar la crisis derivada del covid-19.
La falta de respaldo obligó a que, el jueves por la tarde, el presidente Lenín Moreno pidiera a los asambleístas “que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar a acuerdos”.
“He escuchado a líderes políticos y sociales, a emprendedores y empleados. Tenemos una misma prioridad: salvar empleos, emprendimientos y empresas en los que hemos puesto toda nuestra vida”, dijo Moreno en redes sociales.
Desde que el Ejecutivo remitió este proyecto con el carácter de económico urgente a la Legislatura, el pasado 16 de abril, la base para las contribuciones de empleados y empresas tuvo dos cambios.
Para el debate final, la Comisión de Desarrollo Económico -encargada de tramitar el proyecto- sugirió como base para los aportes los sueldos netos desde USD 2 500, en vez de los USD 500 que decía la propuesta original. Aún así no logró consensos.
El giro que quiere darle Moreno a le ley se manifiesta en su solicitud a los parlamentarios de que mantengan el resto de componentes del proyecto como los “acuerdos entre deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos como los mecanismos para acuerdos entre deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, o entre arrendatarios e inquilinos”.
El pronunciamiento del Mandatario se produjo cuando habían transcurrido seis horas del segundo debate en el Pleno de la Asamblea, que desde hace dos meses sesiona en modalidad virtual.
Una de las primeras en reaccionar por parte del oficialismo fue Ximena Peña, coordinadora del bloque de AP, quien se lamentó de que el Parlamento no lograra consensos para las contribuciones por “tanto cálculo político y politiquería”.
“Quiero rechazar de la manera más firme la avaricia con la cual se rechaza el día de hoy los aportes solidarios que este proyecto de ley le planteaba a los ciudadanos”, dijo Peña.
Como una alternativa para obtener recursos para paliar la crisis, los oficialistas Rubén Bustamante y Elizabeth Cabezas plantearon que las contribuciones sean voluntarias.
Bustamante sugirió que se incluyera una transitoria para que los aportantes puedan decidir hacia dónde destinarán esos recursos y que la administración tributaria implemente una plataforma para el manejo de los fondos.
La idea de que se excluya el capítulo de los aportes tuvo el apoyo de José Serrano, uno de los 39 miembros de la bancada de AP y aliados. Le hizo el pedido al ponente del proyecto, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
El anuncio presidencial provocó un giro en el debate: hacia las reformas laborales. Pero la correísta Marcela Holguín dijo no estar de acuerdo con mecanismos de flexibilidad laboral y pidió también “dejar de lado” este capítulo.
El socialcristiano Henry Kronfle tuvo un planteamiento similar y dijo que el tema “puede ser manejado con mayor dinamismo mediante acuerdos ministeriales”.
El texto contempla figuras como un contrato especial de un año renovable, o la reducción de la jornada laboral por un año, máximo un 50%. Y acuerdos bilaterales entre empleador y trabajador.
Por fuera del PSC y el correísmo, que controlan 48 curules, Alianza País depende del apoyo de Creo y asambleístas independientes para reunir los 70 votos para que la ley sea aprobada y no corra el riesgo de ser archivada o que se publique en el Registro Oficial, por el Ministerio de la Ley.
El bloque de Creo tiene 18 integrantes. Había condicionado su apoyo a que se excluyeran las contribuciones del proyecto. También, Creo comprometió sus votos para la aprobación de la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que estaba suspendida hasta el cierre de la edición. Los votos dependían de la postura del Bloque de Integración Nacional (BIN).