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Ministro de Energía: ‘Todo lo que pueda ser delegado a la empresa privada se delegará’

"El 25 de julio viene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para analizar la erosión del río Coca”. Foto: Mónica Orozco / EL COMERCIO

Juan Carlos Bermeo, actual ministro de Energía, fue gerente de Petroamazonas y Viceministro de Hidrocarburos en el Gobierno anterior. Es Ingeniero Civil por la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con dos posgrados y una maestría.

La meta de duplicar la producción petrolera es ambiciosa y requiere tiempo. ¿Cómo se piensa lograr?

La política que se ha presentado ha sido pensando en el beneficio de la población y no en los réditos políticos de una administración. Hay que tomar una serie de acciones. Muchas de ellas esperamos concretarlas en este período y otras que queden implementadas serán para beneficio de los que vengan.

¿Qué medidas se cosecharán en esta administración?

El Decreto 95 contempla cuatro áreas de acción: marco regulatorio y la seguridad jurídica, atracción de inversiones, eficiencia de la empresa pública y transparencia. Dentro del marco regulatorio y de atracción de inversiones, hay que adecuar la legislación y el marco jurídico ecuatoriano que permita precisamente que el inversionista privado se sienta con una seguridad jurídica, con estabilidad y respeto a sus contratos. Por ejemplo, desarrollar un contrato de participación para campos en producción. Hay que hacer un inventario de los campos que maneja Petroecuador. Esa auditoría, que debe entregarse en 90 días, determinará los campos donde estaríamos abiertos a la inversión privada.

El contrato de participación no es nuevo en el país. ¿Cuál es la idea de la reforma a esta figura?

Esos contratos antiguos, por llamarlos de alguna manera, estaban orientados a la participación de las empresas desde la fase de exploración y explotación, pero no para campos en producción.

¿Cuáles son las metas de producción que se buscan?

Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para duplicar la producción en cuatro años o dejar sentadas las bases para que esa meta se cumpla. Somos optimistas, creemos que el ambiente que ha generado el Gobierno puede provocar inversiones. Si se sigue como está, sin aplicar la nueva política, lo que el país puede entregar este año son 490 000 barriles al día, el 2022 serán 502 000; 516 000 barriles el 2023 y 532 000 el 2024. Pero si las condiciones ayudan a que la inversión extranjera llegue, esas cifras van a cambiar.

La Constitución establece que la delegación de sectores estratégicos a los privados es excepcional. ¿Hará falta una reforma constitucional?

Por esa excepcionalidad se pueden hacer algunas tareas. Un ejemplo es la explotación petrolera vía contrato de participación. No se necesita reforma constitucional, porque es una delegación.

¿Cómo lograrán apoyo en la Asamblea para que la reforma no se vea como un proyecto privatizador?

Creo que el término privatización hay que erradicarlo del lenguaje en el sector petrolero. Con la delegación al sector privado jamás se va a perder la propiedad de los activos del Estado.

El plan petrolero puede enfrentar oposición de comunidades que temen daños en sus territorios. ¿Cómo harán frente a eso?

El tema comunitario pasa por sentarse en una mesa y dialogar sobre el país que queremos o que queremos dejar a nuestros hijos. Yo invito a las comunidades a que entiendan la necesidad de contar con sus recursos, orientados a desarrollar planes en beneficio del Estado. Hoy mismo las petroleras contribuyen con un valor a la Amazonía. Si las actividades crecen, el fondo petrolero destinado para inversión en la zona también crecerá.

¿Qué áreas pueden sumarse?

Dentro de los propios bloques de las empresas que están operando en este momento se pueden ampliar áreas.

¿Y en el sur del Oriente?

Yo creo que antes de incorporar esa área hay que empezar con una campaña muy potente de diálogo con sectores que se oponen radicalmente a esta actividad.

¿En qué consiste la migración a contratos de participación?

Es un proceso libre y voluntario destinado a todas las empresas privadas que están en el país. Actualmente, hay 19 contratos de servicio susceptibles para que, si lo deseen, migren a participación.

¿El nuevo contrato tendrá como centro de arbitraje el Ciadi?

Es muy prematuro definir. Habrá que mirar cuál es la mejor opción.

¿Cuánta inversión se requiere para duplicar la producción petrolera?

Hay un estudio que habla de USD 12 000 millones a 13 000 millones; pienso que la inversión estará en ese orden.

¿Cuál es el plan para la Refinería Esmeraldas?

El interés es que la empresa privada gestione esa planta. Había un concurso que inició el Gobierno anterior, nosotros vamos a lanzarlo nuevamente en 60 días. Y cuando tengamos el estudio sobre Shushufindi y La Libertad definiremos el mejor modelo a aplicar.

¿Qué pasará con proyectos fallidos como Monteverde, Bajo Alto, etc.?

Tienen que ser manejados por la iniciativa privada. En lo eléctrico, he pedido yo que todo aquello que sea posible delegar a la gestión privada se lo haga porque el Estado no tiene recursos y probablemente de ese modo se hará más rápido. Toda delegación será por concurso.

¿Qué acciones urgentes ha tomado frente al grave problema de la erosión del río que puede afectar a las obras de captación del Coca-Codo?

El 25 de julio viene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Ellos, con voz técnica autorizada, nos dirán qué alternativa escoger para paliar o mitigar el efecto de erosión.

Otro problema de la central son las fisuras en los distribuidores ¿Quién asume esos daños?

Yo no he recibido la obra y mientras no la reciba será la constructora.

¿Cuáles son los ejes de la política minera?¿Se abrirá el catastro?

Los contratos vigentes serán respetados. En este 2021 esperamos cerrar con USD 1 600 millones en envíos mineros. El catastro minero, en cambio, está cerrado por razones técnicas y jurídicas. Tenemos un crédito del BID para analizar el tema, que está en pausa hasta tener clara la situación del catastro.

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