Para que Grecia salga de la crisis, la mayoría de griegos tendrá que pagar durante los próximos cuatro años un impuesto de solidaridad, según el nuevo programa de ahorro que el gobierno del primer ministro Giorgos Papandreu elaboró con la UE, el FMI y el BCE, anunciaron hoy medios estatales.
Las medidas finales se darán a conocer este fin de semana o el lunes, según se anunció. Además, el impuesto de circulación aumentará el 10 por ciento.
Los autónomos, como los abogados, además de los impuestos que pagan hasta ahora, tendrán que abonar una tasa adicional dependiendo de las ganancias de entre 100 y 300 euros al año.
El impuesto por el combustible de calefacción subirá un cinco por ciento. Además, una parte de las rentas que superen los 1.700 euros se verán recortadas un diez por ciento.
Los suplementos en las nóminas de los empleados públicos serán eliminados por completo. Atenas tiene que conseguir ahorrar casi 6.500 millones de euros antes de que concluya el año para que el déficit del PIB baje del 10,5 al 7,5 por ciento.
El nuevo programa de ahorro tiene que ser aprobado la próxima semana en el Parlamento.
La aprobación de las rigurosas medidas es un requisito para seguir recibiendo ayudas de la Unión Europea.
Grecia precisa del próximo tramo de las ayudas, de 12.000 millones de euros, procedentes del plan de rescate aprobado en 2010 para principios de julio. De lo contrario a mediados del mes que viene no podrá hacer frente a los pagos.
El gobierno prevé además reducir drásticamente la cifra de empleados públicos, según informa hoy la prensa.
Numerosas instituciones estatales cerrarán sus puertas. Se habla de entre 70 y 75, entre ellas algunas tan particulares como la de la “potenciación del desarrollo”.
Estos empleados, en caso de que puedan ser derivados a otras empresas estatales, serán reubicados, de lo contrario, tras pasar el “periodo de reserva”, que dura 12 meses, serán despedidos. Durante ese “periodo de reserva” cobrarán el 60 por ciento de su salario.
La medida no afecta a los funcionarios. Atenas ya ha impuesto una cuota de contratación pública: para cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se contratará a uno nuevo.
Según los medios, durante los próximos cinco años se podría llegar a imponer una prohibición total de las contrataciones públicas.
El objetivo del gobierno es reducir la cifra de empleados públicos durante los próximos años en 150.000 en relación a las cifras de 2009.
En la actualidad hay unos 700.000 empleaos directos y unos 300.000 indirectos a través de las denominadas empresas estatales, como la compañía de electricidad (DEI). Grecia tiene una población de 11,3 millones de personas.