Para Petroecuador, el caso Gaspetsa no ha significado más que dolores de cabeza. Durante dos años la empresa estatal ha tenido que corregir una serie de errores en torno al despido de cientos de trabajadores, involucrados en este caso en septiembre del 2010 por el entonces secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán.
Una de estas rectificaciones se dio la mañana de ayer con el reingreso de 104 ex trabajadores de Quito y Esmeraldas, en cumplimiento de una resolución de la Corte Provincial de Esmeraldas.
Esta última fue apelada por Petroecuador ante la Corte Constitucional, pero la apelación fue rechazada en octubre pasado.
En el auditorio del Instituto del Petróleo, en el norte de Quito, uno a uno fueron llamados 50 ex trabajadores a firmar sus acciones de personal que los reintegraba a sus antiguos puestos de trabajo, respetando sus años de antigüedad y todos sus beneficios.
El resto de trabajadores tenía previsto firmar sus acciones de personal en Esmeraldas.
Una de las funcionarias que volvió fue Sandra Carpio, quien ha fungido por dos años como procuradora común del grupo.
“Nuestros derechos y nuestros nombres han sido reivindicados. Estamos dispuestos a entregarlo todo otra vez por Petroecuador”.
Como Carpio, 628 funcionarios de la firma estatal fueron acusados por Roldán de un supuesto conflicto de intereses al poseer acciones de Gaspetsa, empresa que proveía de gasolina de pesca artesanal a Petroecuador.
En respuesta a la denuncia de Roldán, el entonces gerente de Petroecuador, Manuel Zapater, pidió el visto bueno para los 628 involucrados. Lo que resultó en la salida de 520 funcionarios.
Los trabajadores presentaron documentos de la Superintendencia de Compañías y de la propia Gaspetsa, donde no habían autorizado la compra o transferencia de acciones a su nombre.
Ellos formaban parte de la cooperativa de ahorro de Petroecuador (Corpam), la cual había comprado acciones de Gaspetsa, sin autorización de sus asociados.
Pese a ello, los funcionarios fueron separados y pocos meses después las nuevas autoridades de Petroecuador manifestaron que la sanción fue desproporcionada.
El reconocimiento del error devino en la firma de actas transaccionales que mantenían vigente el visto bueno, pero permitían recontratar a los trabajadores.
Cerca de 400 funcionarios firmaron el acta y pudieron regresar. Sin embargo, un grupo de 104 ex empleados no firmó el acta y regresó ayer con la sentencia de la Corte Provincial de Esmeraldas.
El titular de la Federación de Trabajadores Petroleros, Ramiro Guerrero, sin embargo, dijo que aún quedan 50 trabajadores que también pidieron su reingreso en cortes de Pichincha, aunque sus casos aún no se resuelven.