Programas anticorrupción son obligatorios en las empresas

Las empresas en el país deben contar con programas legales anticorrupción. La legislación establece esta exigencia para todos los niveles corporativos para resguardar su patrimonio y reputación.

En el 2021, la Asamblea Nacional hizo reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. De esa forma, se exige a las empresas contar con programas de prevención penal o 'compliance'. El objetivo es mitigar los riesgos de responsabilidad en el cometimiento de delitos y beneficiarse de circunstancias atenuantes.

Estos programas reúnen procedimientos y buenas prácticas corporativas, frente a posibles afectaciones a la rentabilidad y reputación de las empresas, de cualquier tamaño. Así lo señala Guido Palacios, experto en compliance y socio director de RIGORI Servicios Legales.

Además, los programas anticorrupción dan paso a un mayor control dentro del ámbito privado. Esto permite identificar rápidamente los riesgos que podrían presentarse, aseguró Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Por ejemplo, en una empresa el director de compras debe seleccionar un proveedor para adquirir un producto. Si en este proceso hay actos de corrupción como coimas, la compañía puede tener una pena de cinco a siete años, se declara la clausura provisional o permanente. Además, hay pagos de multa de hasta USD 800 000 , dice Palacios.

"Si esa empresa contaba con un programa anticorrupción, mediante un código de ética, se podía poner un filtro al director de compras, se hubiera alertado, sancionado o directamente denunciado", asegura el experto.

La falta de programas anticorrupción puede ocasionar pérdidas

También la falta de programas de prevención conlleva riesgos que pueden ocasionar pérdida de patrimonio para las empresas. Palacios detalla algunos:

• Tributarios: Todas las empresas que tienen actividad económica deben responder a la administración tributaria.

• Laborales: Todas las compañías y sus colaboradores siempre están en constante exposición a delitos como acoso, hostigamiento u obligaciones administrativas.

• Riesgos con instituciones públicas, como reportes a la administración y al Estado.

• Según su modelo de negocio otros más con municipios, superintendencias, ministerios. Esta exposición al sector público puede acarrear graves consecuencias de responsabilidad penal hacia los delitos de: tráfico de influencias, cohecho, concusión, corrupción privada

Para González, cada empresa debe de ajustar los programas anticorrupción, acorde a sus necesidades específicas e irlos mejorando acorde a los resultados obtenidos. Esto requiere de tiempo para que las empresas puedan adaptarse adecuadamente e incorporar nuevos mecanismos que permitan mejorar su detección de prácticas inadecuadas.

Adicionalmente, también se debe de informar al personal sobre cuáles son las procesos, investigaciones y sanciones que se realizarán a partir de estos programas, en caso de ser debido, dice el directivo.

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