Una guerra no declarada y silenciosa libraron en el país las empresas chinas de telecomunicaciones ZTE y Huawei. Estas dos firmas, formadas con capital público y privado, respectivamente, batallaron por millonarios contratos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Huawei Technologies, una multinacional que provee de innovación tecnológica, está en Ecuador desde el 20 de agosto del 2002. Mientras, ZTE Corporations es una firma pública que también se dedica al desarrollo de equipos tecnológicos y soluciones en redes. Está en el país desde el 2001. Las dos han competido por contratos de telefonía fija, móvil, Internet, entre otros.
Entre el 2007 y el 2011, Huawei ganó el 61,4% de adjudicaciones en la CNT, mientras que ZTE obtuvo el 2,8%. En ese período, la CNT entregó USD 136, 5 millones a Huawei, de un total contratado de USD 222,4 millones. Los 86 millones de diferencia fueron asignados a otras siete empresas, entre ellas ZTE.
A este monto se suman los convenios de la CNT para ampliar la red HSPA+, para mejorar la velocidad del servicio, que también obtuvo Huawei. El contrato asciende a unos USD 72 millones, solo para la primera de tres etapas que operará en breve.
La disputa entre ambas firmas se agudizó tras la adjudicación del contrato para la dotación de servicios de video, voz y datos a diferentes sectores del país. Este proceso, denominado REGEN-CNT-089-2009, fue adjudicado a Huawei y Alcatel, que ofertaron USD 28, 7 millones. La oferta de ZTE fue de USD 20,3 millones (ver más en recuadro).
Preocupada por el desenlace adverso de la adjudicación, el 30 de marzo ZTE envió el oficio ZTE-EC-0062-2010 al presidente Rafael Correa. Le anticipó que su oferta en este proceso era la más baja; lo que “permitiría ahorrarle al Estado USD 15 millones, con referencia al presupuesto para este proyecto”.
Su carta fue respondida el 7 de abril por Jorge Troya, coordinador del despacho presidencial, quien le indicó que el documento fue remitido a Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, para su análisis y respuesta.
El ministro Guerrero confirmó que el caso está en la Contraloría, y que quien debe responder por el proceso es el gerente de la CNT, César Regalado, quien alegando una apretada agenda no accedió a una entrevista con este Diario.
Finalmente, ZTE fue descalificada por “fallas técnicas”, detectadas por una comisión de la CNT que viajó a China. Esto se explica en el informe de la CNT, fechado el 14 de abril del 2010. En el documento, de 42 páginas, se desglosan las fallas y aciertos de cada una de las tres empresas participantes.
Este reporte fue respondido 13 días después (27 de abril) por ZTE. La contestación de la firma fue enviada a la CNT y a nueve dependencias públicas, entre ellas la Presidencia, Contraloría, Ministerio de Telecomunicaciones.
En ese documento, Marco Vargas, representante legal de ZTE, sostiene que cumplieron todos los requisitos del concurso. Incluso citó el puntaje técnico obtenido durante el proceso (65,3 puntos sobre 70). Además, en su oferta que fue la más económica, Huawei obtuvo 69,6 puntos.
Durante el proceso (25 de marzo-25 de mayo del 2010), ZTE envió siete cartas a la CNT, con copia a la Presidencia, alertando las presuntas anomalías y anticipando su preocupación del posible resultado adverso de la contratación. Y el 15 de julio ZTE le envió a Correa el oficio ZTE-EC- 0153-2010, en el que le explicó, en siete hojas, el proceso que llevaron acabo con la CNT.
A pesar de todo este cruce de cartas y denuncias, Huawei ganó la adjudicación.
“Todos los contratos que le han adjudicado a nuestra empresa han ofrecido soluciones tecnológicamente innovadoras que han cumplido estrictamente las especificaciones técnicas solicitadas, y que sobre todo han representado un ahorro importante para el Estado, respecto de los presupuestos referenciales asignados para cada proceso; además generaron en cada uno de los proyectos implementados valores agregados adicionales a los originalmente solicitados”, señalo Huawei en un comunicado, ante las consultas de este medio.
Ante la magnitud del conflicto, la embajada China intervino. En una carta le recuerda a ZTE que “el Gobierno de China impone a todas sus empresas que tienen negocios fuera del República, un reglamento de Ética y Competencia Leal, que implica no realizar reclamos a las más altas autoridades, para evitar que surjan problemas de tipo diplomático o similar”. Esto es conocido como un ‘Pacto de Caballeros’.
El texto es parte del oficio ZTE-EC0177-2010, enviado por Andrés Meng, director general de ZTE, el 30 de julio del 2010 al presidente Correa. Allí le solicita que se olvide de las cartas enviadas anteriormente: “Solicitamos de la manera más comedida se nos devuelvan las cartas mencionadas, para cumplir con lo solicitado a nuestra empresa por la Embajada de China en el país”.
Este Diario también buscó la versión de la Embajada China, que prefirió no pronunciarse, al igual que ZTE.
Aseta realizó la evaluación
El proceso Regen se inició el pasado 4 de diciembre con la invitación a 11 empresas del sector de telecomunicaciones para que presenten sus ofertas. Solo tres entregaron sus propuestas: ZTE, Huawei y Alcatel.
Esa adjudicación concluyó el pasado 14 de julio: las empresas ganadoras del concurso fueronHuawei y Alcatel.
En el informe que entregó la Comisión Técnica de la CNT del proceso de adjudicación se incluye un subinforme de evaluación de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta). Desde el 2008 hasta el 2011, esta empresa es la que más adjudicaciones ha recibido de la CNT, bajo la figura de contratos de consultoría externa. Aseta recibió el 92,2% de consultorías, mientras que el 7,1% restante se repartió entre otras cinco firmas. Esto suma USD 4,5 millones. Su informe coincide con el que elaboró la comisión técnica de la CNT.
Según datos del Servicio de Rentas Internas, desde el 2009 hasta el 2011 Aseta tributó USD 15 000 por salida de divisas; su impuesto a la renta causado fue 0. En su actividad económica consta como un organismo internacional, que inició sus actividades el 26 de julio de 1974.
Este Diario contactó a Marco López Arjona, secretario general de Aseta, quien no obstante se excusó de pronunciarse.
