Compra de renuncias a burócratas empezará dentro de dos meses

Representantes de los servidores públicos y de organizaciones sindicales presentan hoy una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias obligatorias de los burócratas.

[[OBJECT]]El pasado 7 de julio, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto, sosteniendo su contenido en el artículo 47, literal k, de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en el que se establece que los burócratas quedarán desvinculados del Estado por compra de renuncias con indemnización.

Cinco días después entró en vigencia la norma, lo que generó el rechazo de los servidores públicos, quienes señalaron que en el artículo 47
nunca se estableció la palabra "obligatoria". De ahí que resolvieron presentar una demanda contra el Decreto ante la Corte Constitucional.

"Hoy nos concentraremos en la Caja del Seguro a las 17:00 y luego partiremos en una marcha pacífica hacia la Corte. Estaremos presentes un número representativo de personas", señaló Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep).

Este anuncio no le inquieta al Gobierno, que tiene la seguridad de que al emitir la norma se actuó conforme a la Ley. "Los buenos servidores no tienen que preocuparse. Pocos son malos, que no tienen que estar ahí y tienen que ser reemplazados por otros", señaló el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.

Él aseguró que el proceso empezará en dos meses y que los equipos técnicos de cada institución están trabajando en las compras de renuncias en cada una de ellas. Habrá un filtro que supervise los procesos, denominado comité de gestión interinstitucional, conformado por la Secretaría de la Administración Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales y de Finanzas.

El funcionario aseguró que el Estado cuenta con USD 116 millones para el pago de las indemnizaciones por este mecanismo y por la supresión de partidas. Al mismo tiempo recordó a los servidores públicos que tienen prohibido paralizar los servicios, ya que eso es causal de destitución. "Ahí se van sin recibir medio centavo".

Si bien algunos servidores están conscientes del caso, otros anuncian concentraciones para las 12:00 del próximo martes. Mediante un correo electrónico, los profesionales de la Salud hacen un llamado a concentrarse ese día en el parque de El Arbolito y a una marcha a las 17:00 hacia la Plaza de la Independencia.

Mientras otros, como los miembros de la Federación de Trabajadores Judiciales del Ecuador (Fenaje) señalaron que su participación en marchas no ha sido resuelta por el momento.

Punto de vista

Milton Castillo / Constitucionalista

Hay inconstitucionalidad de fondo y de forma

Desde el punto de vista jurídico hay elementos del Decreto 813 que revelan inconstitucionalidad de forma y de fondo. El Presidente no puede modificar una Ley  a través de un Decreto. En ese caso establece la compra de renuncias obligatoria, que no se encuentra en la normativa.

Además, se quita el derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no que les compren su renuncia. En el gobierno de Sixto Durán Ballén se estableció un mecanismo similar, a través de la Ley de Modernización del Estado, pero allí los trabajadores eran quienes decidían si vendían su renuncia.  La entidad analizaba la petición y si aceptaba el pedido se aplicaba.

La reestructuración del sector público ecuatoriano empezó hace 11 meses

Septiembre 2010

La Asamblea aprueba con mayoría legislativa la Ley de Servicio Público (Losep). Previo a esta decisión, los empleados públicos realizaron marchas en contra de la normativa.

Noviembre 2010

El Gobierno inicia la desvinculación de los servidores públicos mayores de 70 años. Los menores de 69 años optan por el retiro voluntario.

Julio 2011

El presidente emitió el Decreto Ejecutivo 813, sobre la compra de renuncias obligatorias a los burócratas. Un mes antes, el Ministerio de Relaciones Labores emitió la resolución sobre renuncias voluntarias.