Redacción Judicial
Aquella noche, Luis Aguirre convenció a su padre para que le prestara su auto Toyota Corolla, para pasear en el valle de Los Chillos, donde vive. Pero el joven de 19 años iba a visitar a sus amigos en La Mariscal, en el norte de Quito.
USD 436 es la multa
que el responsable de un choque debe pagar en caso de que haya un accidente.Preveía gastar USD 10, pero la aventura se frustró. En tres horas se desencadenaron una serie de gastos, por los cuales su familia perdió más de USD 150, sin contar los daños materiales.
Cerca de las 23:30, el Toyota y un vehículo oficial del Municipio de Quito colisionaron en el semáforo de la av. Colón y Diego de Almagro. En minutos, el joven se vio rodeado de policías. No hubo heridos y ninguno de los conductores fue detenido, aunque el capó del vehículo de su padre quedó como un acordeón y el municipal con una abolladura en la parte posterior. El auto fue retenido.
La Policía siguió el procedimiento de rutina: llevó el Toyota al patio de retención vehicular de la Policía de Tránsito en Calderón, en el norte de Quito. Ese traslado implicó un gasto de USD 90 que sorprendió a la familia de Aguirre. El servicio fue dado por una grúa de la empresa Servigrúas.
Para eventualidades como la de Aguirre, la normativa establece la aprehensión de un automotor. El art. 231 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre estipula: “En caso de que el resultado del accidente fuere únicamente daños materiales, el agente de tránsito no aprehenderá a los conductores y los vehículos serán aprehendidos como evidencia, sin prejuicio de la obligación que tiene el propietario de practicarle el reconocimiento y avalúo de daños materiales”.
La disposición es clara. Sin embargo, dado que se trata de un trámite público, el uso de grúas privadas es recurrente, sin que ese servicio haya sido licitado.
La Comisión Nacional de Tránsito lo admite. “No hay contratos con estas empresas”, dice Carlos Drouet, coordinador de Organismos Provinciales de la Comisión de Tránsito. Reconoce que se debe asumir el control de las grúas, pero “aún no se lo hace”.
¿Cómo llegan las grúas privadas a un accidente? Según los conductores, los policías que atienden las emergencias se contactan con los remolques.
César Sosa pagó USD 130 a esa empresa por el traslado de su vehículo, desde donde se accidentó, en la av. Rodrigo de Chávez, en el sur de Quito, hasta el patio de Calderón. Él aún desconoce cómo se determinó esa tarifa, porque cuando llegó al patio de retención solo recibió una factura.
“El único control que existe sobre este tema es un sistema de costos que fijó la Comisión en 2008”, sostiene Drouet. Ese esquema prevé tres tarifas para los vehículos retenidos. Por ejemplo, por un auto liviano se deben pagar USD 15 solo por la alzada, USD 3 por kilómetro recorrido y USD 3 por cada día en el garaje.
El funcionario aclara que la administración actual no elaboró la tabla de costos. “No sé en qué se basaron las anteriores autoridades para coordinar los precios”.
A Marcelino Aguirre, padre de Luis, le sorprendió que le hubieran cobrado USD 90 solo por la grúa. Además, debió pagar USD 12 por los días que su auto estuvo en el patio policial. En su factura, Servigrúas nunca desglosó las tarifas. “La misma empresa me ofreció sus servicios para trasladar nuevamente el vehículo (que estaba averiado), esta vez a una mecánica. Pero me cobraron USD 40 y la distancia era casi el doble de la recorrida anteriormente”. En Servigrúas se negaron a dar una versión del caso.
Sosa muestra la factura de Winchas Tipán y prueba que tampoco desglosaron las tarifas. Es más, el papel ni siquiera registra el cobro del 12% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En su caso, un policía también se contactó con la empresa.
Winchas Tipán funciona a 100 metros del Centro de Detención de Conductores Infractores, en La Mena II, en el suroccidente de Quito. María Lomas, representante de la firma, reconoce que no siempre aplica el sistema de costos impuesto por la Comisión. “Si están los propietarios, se puede arreglar el precio con ellos. Si no están, hay que regirse a la tabla”.
“A nosotros nos buscan porque llevamos 35 años en el negocio”, insiste la mujer, quien se resiste a precisar cuántos requerimientos recibe la empresa y cuánto recauda al mes. “Pagamos puntualmente los impuestos”, sostiene. Sin embargo, según la página web del SRI, la firma no ha contribuido al fisco entre 2005 y 2008. Servigrúas tampoco aparece en la base de datos.
En 2008, hubo 5 179 accidentes en Quito, según la Policía. Entre enero y septiembre de este año, la cifra es de 3 974. El mayor Roberto Enríquez, encargado de la playa de automotores en Calderón, dice que es normal recurrir a grúas privadas. “Al momento la Dirección Nacional de Tránsito solo tiene cinco grúas en Quito, lo que a veces no es suficiente”.
Pero la Dirección de Tránsito asegura que desconoce cómo se contacta a las grúas privadas. “Aquí no se coordina eso”, asegura el mayor Juan Zapata, portavoz de la institución. El responsable del patio de Calderón sostiene que ellos no llaman a las grúas. La Central de Radiopatrulla de la Policía también negó su participación en ese proceso.
El pago de la factura es un requisito necesario para sacar a los carros detenidos. A los más de USD 150 que Aguirre pagó por el uso de la grúa y el aparcamiento, se suman los gastos de abogado y del arreglo mecánico de los carros.
Cómo retirar carros privados
Informe del pago del peritaje que realizó del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía (SIAT) luego del choque.
La boleta de libertad que debe ser concedida por el Juzgado de Tránsito o por el agente de la Fiscalía que conoció del accidente.
La Matrícula original actualizada.
La cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
El pago que se debe realizar por concepto de garaje en el patio de Calderón o de La Mena II, de la Policía.
El pago por concepto de grúa que trasladó al automotor hasta alguno de los patios de retención.
Los requisitos para carros de servicio
La boleta de libertad, que debe ser emitida por el Juzgado de Tránsito correspondiente o por el agente de la Fiscalía que estaba de turno durante el choque.
La matrícula del carro original actualizada.
La cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
El Permiso Operacional que emite la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (Emsat) o por el Consejo Nacional de Tránsito.
El informe y pago del peritaje realizado por el agente del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía (SIAT).
El pago del garaje policial.
El pago por concepto de grúa para trasladar el carro.