Extradición se sustenta en la ‘justicia ineficiente’ y el aumento de mafias

El ecuatoriano Washington Prado fue extraditado a Estados Unidos en 2018, desde Colombia. Foto: EL COMERCIO.

‘Ecuador tiene un sistema de justicia ineficiente”. Con esas palabras textuales, el presidente Guillermo Lasso ha sustentado la propuesta de implementar la extradición de ecuatorianos en la consulta popular en trámite. Según los informes oficiales de la Presidencia, “la corrupción de la Función Judicial es corrosiva” y tiene más problemas, como la falta de recursos, niveles bajos de profesionalismo e ineficiencia.

De hecho, el Índice Global de Crimen Organizado reveló que en Ecuador, en tres años y medio, fueron amenazados 43 jueces, secretarios y ayudantes judiciales. Todos requirieron protección policial. Adicionalmente, se ha verificado que, en lo que va de 2022, han sido asesinados al menos seis funcionarios de la justicia.

De allí que para el exdirector de Inteligencia, Mario Pazmiño, el crimen organizado ha rebasado a la institucionalidad del Estado. El experto en temas de seguridad explica que esos atentados generan que otros jueces, por temor, acepten sobornos y beneficien a miembros de bandas delictivas. Entre esos casos estarían la liberación de alias ‘Rasquiña’, cabecilla de una de las mayores redes delictivas del país, en 2020.

También han existido fallos polémicos, como la sustitución de la prisión preventiva de alias ‘Júnior’, otro jefe criminal, en abril de 2022. Y a esa lista se suma la devolución de los bienes de Leandro Norero, considerado uno de los mayores financistas de las bandas narcodelictivas que operan en Guayaquil, en mayo de 2022.

Más allá de fronteras

Por eso, la propuesta del Ejecutivo es la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos graves transnacionales. Datos oficiales señalan que en el país, desde 2017 a 2022, se han presentado 75 927 denuncias por delitos vinculados con la actividad criminal transnacional.

Esas denuncias incluyen 27 delitos, como la asociación ilícita, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas, tráfico de drogas, asesinatos, homicidios, feminicidios y tráfico de personas. La expansión del crimen organizado en Ecuador es el segundo argumento que el presidente ­Lasso utiliza para sustentar la extradición de nacionales.

De manera oficial, el Ejecutivo ha informado que “se ha identificado que las organizaciones criminales del Ecuador tienen vínculos con estructuras delictivas de Colombia, México y Venezuela”. En este último país, los nexos serían con la mafia de los Balcanes. En cambio, en las otras dos naciones habría vínculos con carteles y grupos irregulares armados.

Identificación de mafias

Según la Policía, a partir de 2022 se inició un registro de identificación de bandas delictivas. El resultado fue que, hasta el 3 de agosto, en el Ecuador existen 25 grupos delictivos. Por ese avance de las mafias, el experto en seguridad Lautaro Ojeda también está de acuerdo con la extradición de ecuatorianos.

Para él, esta propuesta permitiría al Estado rastrear, junto a otros países, a personas implicadas en delitos transnacionales y hacer un seguimiento al dinero ilegal. El Ecuador también tiene fuertes pérdidas. Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apuntan que en el país cada año se lavan en promedio USD 345 000 millones y se recauda apenas el 0,11% del estimado de bienes provenientes de ilegalidades.

Es decir que el 99,89% de los bienes provenientes de delitos no son recaudados por el Estado. Incluso, organismos de derechos humanos no se oponen a la extradición, pero sí piden que se garantice que quienes sean extraditados tengan un proceso con ­base en sus derechos.

Además, dicen que se debe custodiar que las condiciones de su encarcelamiento sean dignas. La única traba del Gobierno sería que la Corte Constitucional considere que esta medida atenta contra los derechos de ecuatorianos.

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