Llevan 20 años de resistencia contra la minería. Pero los últimos seis han sido violentos en Molleturo: atentados, protestas utilizando bloqueos de vías, robo de explosivos, secuestros a uniformados, heridos y muertes. Molleturo es una parroquia rural ubicada a 60 minutos de Cuenca, colindante con el parque Nacional Cajas.
Hace unas semanas, el asesinato de Alba Bermeo Puin, de 24 años, generó gran conmoción. Esto ocurrió el pasado 22 de octubre, de 2022 delante de su hermano, quien conducía la grúa en la que retornaban de Guayaquil a Yumate.
Se trata de un poblado que junto con Río Blanco, Cochapamba y Tamarindo, son los de más hechos violentos de la zona. Están más próximos al proyecto minero Río Blanco, considerado estratégico por el Gobierno Nacional. Pero la extracción de oro aquí se encuentra suspendida desde el año 2018. Esto, debido a un fallo judicial ratificado en segunda instancia, por incumplir con la consulta previa.
Divisiones entre comuneros
Antes de la minería, esta parroquia de pajonales y bosques pasaba desapercibida en el contexto nacional. Ahora son testigos de las continuas disputas entre las familias defensoras del agua y quienes están de acuerdo con la minería.
Ninguna persona extraña se puede movilizar con normalidad. “Me han retenido 16 veces antimineros y promineros.
Me acusan que estoy con uno u otro grupo”, dice un biólogo azuayo que realiza estudios en la zona. Entre las mismas familias hay divisiones y se vive un ambiente de tensión permanente. Esto pese a que no hay labores extractivas en el sitio por parte de la concesionaria de Río Blanco, Ecuagoldmining South América.
De lo que era el campamento, solo quedan las huellas de un incendio provocado, en octubre del 2019. De los atentados nadie quiere hablar. Los líderes comunitarios mantienen un silencio absoluto. “No somos culpables de esa violencia, pero en Molleturo no vamos a permitir que se mueva una sola piedra de cualquier tipo de minería”, puntualizó el nativo José G. Para él, la prioridad es cuidar la naturaleza.
Son tres años de estos hechos, de la quema de tres patrulleros de la Policía Nacional, del robo de 2 600 tacos de dinamita del campamento y atentados a personas, pero no hay detenidos. Tampoco los hubo tras la muerte de Alba Bermeo.
Investigaciones se acumulan
Por estos incidentes hay más de 10 investigaciones abiertas en la Fiscalía de Azuay. La última es por Bermeo, quien recibió un disparo en el tórax que también mató al bebé de cinco meses de gestación que llevaba en su vientre.
Ese fue el tercer ataque de octubre pasado. En los otros igual hubo heridos por disparos.
A la joven madre se la identificaba como defensora del agua y estaba de candidata a la Junta Parroquial para las próximas elecciones. Según la denuncia pública de Yasunidos, detrás de este crimen está la minería ilegal. “Horas antes, personas de Cochapamba y del vecino cantón Ponce Enríquez habrían ingresado a sacar el material aurífero de la parte alta”, dicen.
Cuando salieron con dirección a Guayaquil, fueron parados por la Policía. Tras la requisa se halló el material y el vehículo fue detenido. Los comuneros se agruparon y exigieron que se devuelva el material al sitio de donde fue extraído.
Alba y su hermano retornaban de Guayaquil y venían detrás del camión. Pero en la carretera aparecieron desconocidos que dispararon contra la grúa. Es una zona peligrosa con gente armada, reconoce Hugo Arroyo, jefe de la Policía de Azuay.
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