Hace pocos días, durante una entrevista recogida por varios medios de prensa, una respetable autoridad ecuatoriana en el ámbito de la movilidad humana calificó como preocupante y desgarradora la situación de los migrantes ecuatorianos retenidos en México, en su intento por llegar a los Estados Unidos.
Hasta entonces, más de 200 ecuatorianos se encontraban en “estaciones migratorias” mexicanas, en espera de procesos legales para su repatriación. Personalmente puedo dar fe de los ingentes esfuerzos de los consulados ecuatorianos, bajo la guía del Viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, para agilizar esos procesos; asegurarse de que los ecuatorianos detenidos se encuentren en condiciones dignas; que obtengan el apoyo psicológico necesario; y, que se priorice la atención a personas vulnerables, particularmente a niños, niñas y adolescentes que no viajan acompañados.
Al revisar cifras oficiales, puede deducirse que la eliminación de la visa mexicana en 2018, así como el anuncio de volver a imponerla en 2021, únicamente aceleraron un proceso permanente de migración por la ruta México.
Según datos del Ministerio de Gobierno, entre 2018 (año en que se eliminó el requisito de visa para viajar a México) y 2019, el no retorno de quienes viajaban a ese país se incrementó en 12 veces. En el primer semestre de 2021, período en el que se anunció restablecer la visa, se habría incrementado en un 98% en relación con el primer semestre de 2020.
Las causas tradicionales para la migración también se incrementaron. Las hace visibles el Banco Central del Ecuador al presentar un aumento del 6,7% de la pobreza en el país desde junio de 2020, hasta junio de 2021, y de un 5,2% de la pobreza extrema. En el mismo período, el INEC registra un incremento en la tasa de subempleo del 2,7% y que la de desempleo llegó al 5,1%.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, registra de marzo de 2020 a marzo de 2021 la cifra de 700 000 empleos formales perdidos. A ello se agrega la crisis social creada por la pandemia del covid-19, y la migración motivada por intentos de reunificación familiar y, entre otros, por el efecto “llamada” generado por redes de comunidades de origen y destino.
Al examinar la situación de los ecuatorianos migrantes en México durante las últimas semanas, debería reconfortarnos el recordar que ese país fue un actor esencial, y copresidió con Suiza la negociación del Pacto Global para las Migraciones de las Naciones Unidas, adoptado en Marrakech, Marruecos, a fines de 2018. Como tal, no permitiría que ese instrumento internacional se convierta en papel mojado, como lo ha sido el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece como un derecho el migrar y es una base para su no criminalización.
Es necesario recordar que, durante la negociación de este Pacto Global, se decidió llevar a cabo en diciembre de 2017 una reunión de acopio; es decir, de recopilación de todos los aportes que se habían generado en el proceso negociador. El objetivo fue que los resultados de esa recopilación constituyan la base para la presentación de un borrador del Pacto, por parte de los dos copresidentes relatores de la negociación, los Embajadores de Suiza y México ante la ONU. La reunión se llevó a cabo precisamente en la ciudad de Puerto Vallarta, México.
Además de encabezar la delegación ecuatoriana, asistí como coordinador de los países de América Latina y el Caribe en Ginebra, y como copresidente del llamado Grupo del Sur Global para la negociación del Pacto. Fue la primera y quizá la única ocasión hasta la fecha en la que una negociación de Naciones Unidas ha tenido una representación y posición común del llamado Sur Global. Este fue, sin duda, un resultado del liderazgo ecuatoriano en el tema. El otro copresidente, el Embajador de Ghana ante Naciones Unidas, no pudo participar en Puerto Vallarta.
En el documento que entregué a nombre del Grupo del Sur Global, entre muchos otros elementos, se proponía que el nuevo Pacto debía estar centrado en las personas, basado en los derechos humanos, y tener un enfoque de género y de inclusión de los más vulnerables. Se sostenía que los principios guía del Pacto debían ser la solidaridad y una bien comprendida responsabilidad compartida.
Así mismo, se proponía promover la migración regular, a través de la expansión y creación de vías de admisión y regularización de migrantes indocumentados, contribuyendo así a luchar contra la trata de personas, las nuevas formas de esclavitud, el trabajo forzado, el abuso y explotación de seres humanos.
Uno de los componentes más relevantes del documento de consenso del Sur Global fue el de exigir la no criminalización de las personas migrantes. Se proponía que el Pacto Global y los mecanismos que este establezca deberían lograr poner fin a la detención de personas sobre la base de su condición migratoria, principalmente la intolerable detención de niños, niñas y adolescentes, violando la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
El documento, que es público, fue recogido, de una u otra manera, por la Presidencia de Suiza y México en todos sus aspectos para el texto final del Pacto Global.
En lo que respecta a la situación actual entre Ecuador y México, tiene especial valor el énfasis realizado en la cooperación entre países para asegurar que, cuando se produzca un retorno de migrantes, este se realice “de una manera humana que proteja su dignidad y derechos humanos”.
Negociador del Pacto Global para las Migraciones de la ONU. Los criterios pertenecen al autor y no necesariamente representan los del Servicio Exterior.