Como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, Nancy Villacís tuvo un gran reto en este período escolar 2021-2022. Ella es la rectora de la Unidad Educativa Luxemburgo, que registra el mayor número de estudiantes extranjeros del Quito rural y del Ecuador. Allí, un evento cultural tranquilamente puede incluir una danza andina, una bomba del Chota y también alguna tradición llanera venezolana.
Tener presente a este abanico de expresiones culturales es el desafío cuando las comunidades de inmigrantes empiezan a dejar los núcleos urbanos para asentarse en zonas rurales, lo cual se refleja actualmente en el sector educativo.
De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, en el período 2018-2019 se matricularon 8 160 estudiantes extranjeros en escuelas y colegios rurales del país. Tres años más tarde, en el año escolar 2021-2022, esta cifra fue de 14 195, es decir, creció en un 74%.
En los últimos cuatro años escolares, los datos arrojan un hecho destacable: en el período 2018-2019 había 9 006 estudiantes venezolanos en áreas urbanas y 1 762 en rurales. Para 2021-2022, la cifra creció en un 474% y un 374%, respectivamente, algo que dista mucho del resto de nacionalidades del sistema educativo ecuatoriano.
En el informe ‘Monitoreo de Protección. Informe región Costa’, publicado en septiembre de 2021 por la oficina ecuatoriana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se planteó que la ruralidad empezaba a ser más atractiva para el inmigrante venezolano.
La Acnur indica que entre las principales motivaciones para esta situación se encuentran “el alto costo de la vivienda en las ciudades frente a arriendos más económicos o incluso cedidos a cambio de cuidar las propiedades en áreas rurales; las crecientes dificultades de acceso a trabajo y medios de vida en las ciudades; y, en menor medida, los menores niveles de discriminación y xenofobia de los contextos rurales”.
Alejandra Acosta también percibe que hay mayores facilidades para los estudiantes venezolanos por fuera de las áreas urbanas. Ella es la coordinadora de la Fundación Letra Para Todos (FLPT), una institución particular de ayuda social que ofrece educación a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Entre los períodos 2018-2019 y 2021-2022, en la FLPT se matriculó la mayor cantidad de estudiantes venezolanos (38 personas) en una institución particular rural de Quito. La experiencia de Acosta le ha permitido ver que, en muchos casos, es más fácil conseguir un cupo en estas escuelas y colegios que en aquellos ubicados en áreas urbanas densamente pobladas.
Acosta y Villacís apuntan que es fácil encontrar un cupo en las zonas rurales, pero dejan claro que existen desafíos muy marcados para los extranjeros que van a estudiar en estas localidades, como la capacidad de conjugar sus conocimientos y tradiciones con lo que existe previamente en áreas donde hay una fuerte ancestralidad.
Cerca de la ciudad, pero estudiando en la ruralidad
Los planteles educativos –por lo general Unidades del Milenio- que acogen a estos alumnos pertenecen a las parroquias rurales más grandes, cerca de la ciudad.
En Cuenca, la mayor población de estudiantes extranjeros está en Ricaurte, San Joaquín, Sayausí, Turi y Baños, que están a menos de 15 minutos de la ciudad. Solo en la Unidad Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero, de los 1 800 estudiantes en dos jornadas, 130 son extranjeros.
Allí estudian las hermanas Lina y Karen Álvarez, de 11 y 9 años, nacidas en Murcia-España, pero hijas de padres migrantes. Ellos viven por la avenida Don Bosco y todas las tardes Kevin, de 20 años, recoge a sus hermanas en su auto.
No está lejos, me demoro unos 12 minutos desde mi casa y mis padres están contentos con esta institución, dice Kevin.
Los dos hijos del venezolano Joaquín Rosales estudian en una escuela de la parroquia cuencana de Baños. A su llegada a Cuenca con su esposa y tres hijos, en enero del 2020, permaneció un año en la ciudad. Los niños fueron ubicados en una escuela del barrio El Cebollar. Con pandemia no encontraba trabajo y salía con sus niños a vender golosinas en las calles.
Desde agosto de 2021 labora en limpieza y como jardinero en un centro turístico. Por eso, para evitar gastos de movilización, rentó una vivienda y desde octubre pasado sus hijos estudian en una escuela de esta parroquia.
Para Rodrigo Gallegos, director de la Unidad Educativa Enriqueta Cordero de Baños, la población de venezolanos, principalmente, es fluctuante en los planteles porque depende del trabajo de sus padres.
El año lectivo anterior tuvieron unos 20 niños venezolanos y ahora la mitad “porque muchas familias se regresaron a su país durante la pandemia, por falta de trabajo, y otros se cambiaron de domicilio”.
Esto confirma la venezolana Alis Guillén, de 40 años. El año lectivo anterior, su hijo José Gregorio, de siete años, estudiaba en la Unidad Educativa Paccha, de la parroquia rural del mismo nombre, y este año en la Abelardo Tamariz, de la parroquia urbana de Totoracocha.
Ellos llegaron a Ecuador en enero del 2018. Su esposo, profesional en Trabajo Social, consiguió empleo en una Clínica de Rehabilitación de Challuabamba y por eso se fueron a vivir a Paccha.
La inclusión es el reto
La educación inclusiva es un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes y “lo estamos cumpliendo”, dice Johanna Abad, coordinadora de la Zonal 6 del ME, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.
El acuerdo 26 A-2020 de esta cartera de Estado establece la atención y prioridad a la población vulnerable y en movilidad. Incluye la eliminación de las barreras administrativas, como documentos de educación del país que proceden, como condición para que un niño ingrese a la escolaridad.
Cuando no tienen los documentos, al niño se le aplica una prueba de diagnóstico de las materias básicas (matemáticas y lengua) para ubicarlo en el nivel de acuerdo con su nivel de conocimiento y su edad. De esta manera, se intenta incorporar a los estudiantes extranjeros en una ruralidad que empieza a serles muy atractiva.