Dos equipos de auditores de la Contraloría General del Estado realizaron un primer recorrido por la planta de captación y tratamiento de la Empresa de Agua Potable de Esmeraldas, en la Costa del Ecuador.
De esa forma se inició formalmente un examen especial a ese plan potable, que debía ser entregado en el 2018 funcionando y con agua permanente para alrededor de medio millón de habitantes de los cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames.
Los funcionarios de la Contraloría, a la cabeza del contralor General encargado, Carlos Riofrío, estuvieron en Esmeraldas este lunes 20 de septiembre del 2021.
En un comunicado, la entidad informó que la auditoría se realizará a la Empresa Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas. Además, se analizarán documentos e informes que constan en el Municipio de la capital provincial.
En la primera dependencia se verificarán los procesos de ejecución, recepción, liquidación, pagos de la construcción y funcionamiento de la primera etapa que consiste en la conducción al tanque de carga del sector El Buen Pastor.
Mientras que en el Cabildo se verificará la ejecución y cumplimiento de los contratos y la fiscalización a partir de los recursos entregados para el proyecto. El período que se analizará será entre el 1 de mayo del 2017 y 31 de agosto del 2021.
La Contraloría ya realizó cinco exámenes especiales a este sistema de agua, desde el 2016.
En uno de esos se determinó responsabilidades por USD 1 663 857 y también se elevó un informe con indicios de responsabilidad penal para que la Fiscalía General del Estado continuara con las acciones legales contra los presuntos responsables. Entonces se detectó la falta de evidencia documental que justifique el proceso de selección de las empresas que participaron como oferentes para la compra de bombas centrífugas verticales de aguas servidas para la subestación del sitio Las Palmas.
Esta contratación se cumplió bajo el régimen especial de emergencia y, según el informe, se terminó adquiriendo equipamiento distinto al que se exigía. Otro de los hallazgos, alertados con referencia a la Fiscalía, fue la posible falsificación de firmas de las empresas que supuestamente acreditaban experiencia a los oferentes que participaron en esta contratación.
Los fondos empleados para esta obra fueron entregados mediante un crédito del estatal Banco de Desarrollo por USD 130 millones. Los habitantes de los tres cantones esperaban esta obra como una solución a los continuos problemas debido a la vetustez de las antiguas tuberías de conducción.
De hecho, el sistema fue declarado en emergencia en julio del 2021 por un daño en las bombas de planta de bombeo.