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Ministerio de Energía suspenderá actividad minera en Napo

La ministra de gobierno, Alexandra Vela, estuvo en la comunidad de Yutzupino, en Napo, con el objetivo de combatir la minería ilegal en la zona revisando los operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Foto: Ministerio de Gobierno

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, informó este lunes 14 de febrero de 2022 que se suspenderán todos los derechos mineros vigentes en Yutzupino, cantón Tena, provincia de Napo, con el fin de proteger al ambiente y a las comunidades de la zona. 

El funcionario anunció la medida durante su comparecencia de esta tarde ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. A la reunión también asistieron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique; el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera; y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 

“No permitiremos un nuevo Buenos Aires. Hemos tomado una decisión radical de suspender temporalmente las actividades mineras, hasta que se subsanen todas las afectaciones registradas, producto de la extracción ilícita de minerales”, indicó el ministro. 

Para hacer efectiva esta suspensión, el Ministerio emitirá una resolución, una vez que la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) y el Ministerio de Ambiente remitan los informes técnicos respectivos. “A partir de la resolución no se puede realizar ningún tipo de actividad minera en la zona”, recalcó Bermeo frente a los asambleístas. 

En la zona de Yutzupino, cantón Tena, se vive una situación tensa a causa de la explotación minera ilegal. Este lunes, 14 de febrero, se registró un fuerte enfrentamiento entre mineros ilegales y las Fuerzas Armadas. En la población de Puerto Napo se han concentrado los mineros que protestan contra el operativo de control que se realizó el domingo 13 de febrero.  

Hay policías, bomberos y helicópteros desplegados en la zona del conflicto para controlar estos sucesos. Miembros del Ejército y de la Policía Nacional encontraron maquinarias y personas que estaban trabajando en la actividad ilegal, que afecta a las cuencas hídricas del sector. En los operativos se incautaron decenas de retroexcavadoras y equipos que no contaban con permisos

Extensas zonas, donde antes había árboles y vegetación, han sido destruidas como producto de esta actividad minera

Según explicó Bermeo, la decisión se toma en concordancia con el artículo 58 de la Ley de Minería que establece: “Las actividades mineras pueden ser suspendidas en el caso de internación o cuando así lo exijan la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realiza actividad minera, según lo disponga el reglamento general de esta ley, cuando así lo requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el incumplimiento a la Licencia Ambiental, por parte de la autoridad ambiental competente”. 

52 concesiones mineras en Napo 

En su comparecencia ante la Comisión de Bioseguridad de la Asamblea, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró que en Napo existen 52 concesiones mineras de diversa índole en régimen general y 85 concesiones artesanales, de las cuales solo 12 tienen licencia ambiental, 26 están en etapa de regularización y 14 no inician trámites. 

Afirmó que actualmente la empresa minera que operaba en la zona de Tálag, Napo y Arosemena Tola no está operando, ya que no cuenta con las licencias ambiental y minera que se requieren. 

Vela sugirió además que dentro de las reformas a la Ley de Minería se debería incorporar regulaciones estrictas para controlar el uso del mercurio en la explotación del oro, que tiene impactos letales en contra de los seres humanos. 

Según indicó, se han inhabilitado, incautado y decomisado maquinarias como retroexcavadoras en Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona, Cañar, Azuay, Zamora Chinchipe, El Oro, Loja y Pichincha. 

«La Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal ejecuta acciones de control junto a siete instituciones de seguridad entre ellas la Policía y otras que cubren aspectos de la actividad minera que pueden considerarse delincuenciales», sostuvo. 

En Tena (Napo), aseguró Vela, la minería ilegal provoca problemas ambientales y sociales como el desempleo, escaso control de las autoridades locales, déficit de sanciones y fiscalización, actividades ilícitas, frente a los que actúa el Estado. 

Reveló que desde el pasado 3 de febrero se mantiene un operativo para evitar la minería ilegal en Napo con planificación centralizada, operación desconcentrada y alta confidencialidad sobre la información. 

Según el Gobierno, en Napo las operaciones de control se ejecutan y ejecutarán entre los ríos Napo, Yutsupino, los Ceibos y Andi, con 920 efectivos militares, 500 de élite de la policía y 60 policías del área. 

La ministra sugirió, por último, que se incluyan disposiciones legales que permitan destruir las retroexcavadoras y otras herramientas con los que se hace la minería ilegal, además del decomiso y remate de dichas herramientas. 

“Un crimen ambiental” 

En asambleísta Fernando Villavicencio afirmó en su intervención que se opone a las concesiones mineras en los ríos amazónicos. «Se trata de un crimen ambiental y necesitamos saber quiénes autorizaron las concesiones con las que se convierte al país en un catastro minero». 

El legislador pidió a la Comisión de Biodiversidad realizar una investigación y un informe conjunto con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre la minería ilegal. Solicitó además suspender en todo el país la actividad minera hasta que se desarrolle una auditoría ambiental nacional y luego se llame a una consulta popular. 

Otra de las funcionarias que compareció en la Asamblea fue la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella explicó que tras, un operativo de la institución, se han sacado de la zona en conflicto 37 retroexcavadoras y que será investigada la devolución de unas máquinas que se encontraban en propiedad privada.