Representantes de las comunidades de Íntag, en Imbabura, apelarán al fallo judicial que negó una acción de protección con la que buscaban que se garantice su derecho a la consulta ambiental para la extracción de cobre en la concesión minera Llurimagua.
Los dirigentes consideran que la sentencia en el caso Los Cedros es un precedente vinculante para garantizar la consulta ambiental.
El recurso fue presentado en contra del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y la Procuraduría del Estado por no realizar la consulta ambiental y tomar medidas de precaución y restricción, en favor de los derechos de la naturaleza.
Dentro del área de influencia directa de la concesión se encuentran algunas comunidades como Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y Barcelona, mientras que otras se encuentran en el área de influencia social indirecta. Otras están fuera del área concesionada, pero son aledañas.
En una rueda de prensa virtual de este 14 de febrero del 2022, los proponentes de la acción de protección dijeron que el fallo del juez Óscar Coba, de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi, emitido el pasado 11 del mismo mes, no tomó en cuenta algunos precedentes.
Gustavo Redín, representante de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), reitera que el estudio ambiental hecho para la concesión “no está bien hecho”. Por lo que esperan el fallo por escrito para presentar la apelación.
Los casos que marcarían un precedente
Carlos Varela, abogado que impulsa la causa, mencionó dos precedentes definidos como vinculantes por la Corte Constitucional, el del caso Los Cedros y Sinangoe.
En el primero la CC falló en favor del Bosque Protector Los Cedros al reconocer “como vulnerados los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la consulta ambiental”.
En el segundo caso, también se determinó que se vulneró el derecho de las comunidades a ser consultados.
El jurista cree que la sentencia de Los Cedros es aplicable porque en ambas se alega la vulneración al derecho a la consulta ambiental y porque el Bosque Los Cedros se encuentra cerca de Llurimagua. Es decir, las especies comparten su habitad en ambas áreas.
Según la bióloga Andrea Terán, las especies en peligro y que no fueron identificadas por el estudio para la concesión son la rana Arlequín hocicuda y la Nodriza.
Los interesados esperan que el caso llegue a una Corte Provincial y emita un fallo favorable.
Mientras tanto, la Empresa Nacional Minera del Ecuador señaló el domingo 13 de febrero en su cuenta de Twitter que “la industria minera se consolida como un puntal para el desarrollo del país. Este sector cuenta con una política minera enfocada en las inversiones y el desarrollo responsable de los recursos”.
La empresa indica que en 2021 el sector se ubicó como el cuarto rubro de exportaciones, por el cual se captaron USD 2 100 millones.
El Ministerio del Ambiente fue consultado por este Diario sobre las acciones de control en la concesión Llurimagua, pero hasta las 15:00 de este 14 de febrero no emitían una respuesta.
